La mayoría de los jueces cree que el traspaso de competencias a las CCAA no ha beneficiado a la justicia

El 68% de los jueces y magistrados españoles considera que la asunción de competencias en materia de Justicia por parte de las Comunidades Autónomas no ha sido beneficioso para la Administración de Justicia, frente al 13 por ciento que opina que sí.

Así lo recoge la VI Encuesta a la Carrera Judicial elaborada por Sigma Dos y encargada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la que han participado 1.285 de los 5.390 jueces y magistrados en activo en España, esto es, el 23,8% de la Carrera Judicial.

Medios diferentes según los territorios

La opinión desfavorable sobre el traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas es mayoritaria en todos los órganos judiciales, llegando al 84% en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

Por otra parte, la inmensa mayoría de los magistrados (91%) está convencida de que los medios con los que cuentan los jueces son diferentes según los territorios donde ejercen su función.

Sin problemas con las lenguas cooficiales

En cuanto al uso de lenguas cooficiales en la Administración de Justicia, solo el 15% de los que trabajan en alguna de las Comunidades Autónomas con más de una lengua oficial (y que suponen el 39% del total de la Carrera Judicial) dicen tener dificultad en su utilización, frente al 84% que asegura no tenerla.

Ese porcentaje baja al 13% en Cataluña, al 12% en la Comunidad Valenciana, al 10% en las Islas Baleares y al 5% en Galicia. Por el contrario, el 54% de los jueces y magistrados destinados en el País Vasco afirma tener dificultades en el uso del euskera, mientras que el 43% contesta que no.

Falta de independencia judicial

La mayoría de los jueces también se muestra partidaria de crear unidades periciales con competencias en materia de delincuencia económica o relacionada con la corrupción (86%); de la revisión de los privilegios --como el de declarar por escrito o en su despacho-- para determinados cargos y representantes públicos (79%); y de sustraer del ámbito del jurado popular la totalidad de los delitos de corrupción política (66%).

Además, creen que el CGPJ no defiende de manera suficiente y adecuada la independencia judicial, aunque la mayoría (74%) de los jueces de lo penal asegura que no han recibido presiones externas, y casi todos los que las han recibido --fundamentalmente de los medios de comunicación-- las han ignorado.