CDC, una legislatura en los tribunales

La detención, el pasado jueves, de tres miembros de la familia Sumarroca, históricamente vinculada a CDC, es el penúltimo caso de presunta corrupción que salpica al partido de Artur Mas en esta legislatura que ahora acaba. Antes han habido muchos otros. Y muy sonados. Especialmente, dos de ellos.

El 'caso Palau' y la familia Pujol

Justo ahora hace un año, el 25 de julio de 2014, el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol confesaba haber mantenido durante décadas una fortuna oculta al fisco en el extranjero. Una confesión que representó un auténtico terremoto en la política catalana. Y que ha desembocado en la imputación del ex president, su esposa, Marta Ferrusola, y seis de sus siete hijos. Algunos de los cuales -el primogénito, Jordi; el benjamín, Oleguer; y el heredero en la política, Oriol- tienen sus propias causas abiertas.

Mucho antes arrancó el otro gran caso de corrupción que implica a CDC. El del Palau de la Música, que estalló en el ya lejano 2009. Pero que no ha finalizado su instrucción -la segunda- hasta hace dos meses. En el auto correspondiente, el juez concluye que CDC cobró comisiones ilegales millonarias de la empresa Ferrovial a cambio de adjudicar a la constructora obras públicas. Las mordidas se camuflaron presuntamente como donaciones de patrocinio a través del Palau de la Música -con la colaboración de sus saqueadores confesos, Fèlix Millet y Jordi Montull-, y como convenios de colaboración con la convergente Fundació Trias Fargas (actual CatDem).

Como resultado del caso, el partido de Mas tiene 15 de sus sedes embargadas, para avalar una fianza de 3,2 millones de euros como "responsable civil a título lucrativo". Estas 15 sedes sustituyen a la principal de la calle Còrsega de Barcelona, que CDC aportó primero como aval, y tuvo que poner en venta posteriormente.

De Alavedra y Prenafeta a Crespo y la mafia rusa

Sigue coleando aun otro muy mediático episodio, que atañe directamente a la vieja "CDC de los negocios". El caso Pretoria, de presunta corrupción urbanística en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. A finales del año pasado, la Fiscalía presentó una petición de casi siete años de cárcel para dos todopoderosos nombres de la época dorada del pujolismo: Macià Alavedra y Lluís Prenafeta.

El caso Pretoria no salpicó solo a CDC. De hecho, sería más bien un ejemplo de sociovergencia, pero aplicada a la presunta corrupción. También se piden largas penas de prisión para el ex alcalde socialista Bartomeu Muñoz y para el ex diputado del PSC en el Parlament Luis García Luigi.

Los casos anteriores se originaron antes de esta legislatura. Posterior (enero de 2013), y también de plena actualidad es el caso Clotilde, por el cual está siendo juzgado el ex diputado convergente y ex alcalde de Lloret de Mar Xavier Crespo. La fiscalía cree que favoreció, a cambio de regalos, a un empresario ruso local, que estaría también vinculado con la mafia rusa.

Unos meses antes de estallar este escándalo, diversas informaciones periodísticas habían acusado a Crespo de irregularidades en centros de salud públicos de las comarcas del Maresme y la Selva. Quizás previendo futuros líos judiciales, Crespo renunció por sorpresa en 2011 al cargo de secretario de Seguridad de la Generalitat, para el cual ya lo había elegido Mas.

Josep Prat y el macrocaso 'Innova'

También a principios de 2013 llegó a los tribunales el caso Innova, de presunta corrupción en torno a la sanidad pública en Reus (Tarragona). Los principales imputados son el ex presidente del Institut Català de la Salut Josep Prat, y el ex director del Servei Català de la Salut, Carles Manté, ambos de CDC. Pero también les llegó el turno de la imputación, en la multitud de piezas separadas que han surgido de la investigación, a otros dirigentes del partido: el presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet; su esposa, Ester Ventura, y seis concejales de CDC en Vila-seca. Más recientemente, en mayo de este año, se añadió a la lista -por el caso de las prótesis defectuosas- el concejal convergente de Reus Marc Arza.

Tanto Poblet como Arza recibieron el apoyo del partido, y volvieron a ser incluidos en las listas de CiU para las pasadas municipales. Arza sigue siendo concejal, y Poblet fue reelegido para presidir la Diputación, con la ayuda de los votos del PSC y el PP.

El caso Innova también tiene un toque sociovergente. Otro de los principales imputados es el ex alcalde socialista de Reus Lluís Miquel Pérez.

Aun hay más casos. También a principios de 2013 fueron imputados el ex secretario general de la Asociación Catalana de Municipios (ACM, de la órbita convergente) Josep Maria Matas y el ex secretario general de la Conselleria de Cultura Francesc Xavier Solà. La acusación, haber desviado grandes cantidades de dinero de esta entidad en beneficio propio. En mayo de 2014, la Fiscalía pidió cinco años de cárcel para ambos.