El Gobierno recurre ante el Constitucional el Comisionado para la Transición Nacional

El Consejo de Ministros ha acordado este viernes recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el Comisionado para la Transición Nacional de la Generalidad así como todas las acciones atribuidas a este en relación a la preparación de las denominadas "estructuras de Estado" para una hipotética secesión de Cataluña.

Esta decisión se ha adoptado tras cumplirse el mes de plazo que se le había dado al Ejecutivo autonómico para que suprimiese el Comisionado por propia iniciativa sin que haya sido atendido.

El Comisionado fue creado por Mas en febrero para preparar la secesión

El Comisionado para la Transición Nacional es una suerte de 'Consejería para la secesión' que fue creada en febrero pasado por el presidente de la Generalidad, Artur Mas, y al frente de la cual situó a Carles Viver i Pi-Sunyer, que hasta entonces también presidía el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN).

El decreto recurrido por el Gobierno (16/2015) atribuye al Comisionado "el impulso, la coordinación y la implementación de las medidas necesarias para la culminación del llamado proceso de Transición Nacional y el seguimiento de las estructuras de Estado". Es decir, "la Generalidad está adoptando previsiones para el caso de que se decida asumir las funciones del Estado en el territorio de Cataluña, como consecuencia de una separación del Estado español", una estrategia que también se desprende de "las actuaciones, informes y declaraciones de distintos miembros del Gobierno de la Generalidad".

Vulnera todo tipo de competencias del Estado

El Gobierno denuncia que estas actuaciones, "coherentes con la llamada 'hoja de ruta unitaria del proceso soberanista catalán', se refieren a lo que la Generalidad denomina culminación del proceso de transición nacional y creación de estructuras de Dstado, y vienen a planificar y preparar las actuaciones unilaterales de la Generalitat en el caso de que asuma las funciones esenciales reservadas al Estado por la Constitución".

En ese sentido, el Gobierno considera que esas actuaciones "vulneran las competencias del Estado con carácter general y, en especial, en materias como bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, hacienda pública, régimen aduanero y arancelario, relaciones internacionales, Seguridad Social, puertos de interés general y aeropuertos de interés general, ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma, y telecomunicaciones".

Rompe la soberanía nacional

Además, los planes de la Generalidad "se prevén para un supuesto inconstitucional (la separación de Cataluña del Estado español, obviando las exigencias constitucionales)" que vulneran los artículos referidos a soberanía nacional, indisolubilidad de la Nación, sujeción de todos los ciudadanos y poderes públicos a la ley y al derecho y procedimiento de reforma de la Constitución".

Esta impugnación se suma al recurso planteado hace dos semanas contra diversos artículos y disposiciones de la Ley 3/2015 de Medidas Fiscales, Financieras y Administrativas del Parlamento autonómico de Cataluña por vulnerar competencias de la Administración General del Estado en cuanto a que también preveían poner en marcha diversas "estructuras de Estado" con el objetivo de la independencia de Cataluña.

El Gobierno evitará que se prepare una "declaración unilateral de independencia"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido de que el Ejecutivo recurrirá todas las decisiones encaminadas a preparar "una declaración unilateral de independencia" de Cataluña.

Y ha recordado que el recurso insta a la suspensión del decreto, lo que, en caso de admitirse, "es como si esa disposición no se hubiera dictado, como si no existiera, porque no puede desplegar ninguna de sus actuaciones".