El TSJC pide a la Generalidad los datos de gastos del 9N

Sigue adelante la investigación judicial por las querellas presentadas contra el presidente de la Generalidad, Artur Mas; la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, por haber organizado la pseudoconsulta independentista del 9N a pesar de que el Tribunal Constitucional lo prohibió expresamente. Ahora, en forma de nuevas diligencias, según solicitó la Fiscalía.

En una providencia que se ha hecho pública este martes, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha acordado "practicar todas las diligencias solicitadas por el ministerio fiscal" en el caso, y que la Fiscalía pidió en marzo.

En concreto, el TSJC pedirá a la Generalidad los datos de los gastos que ocasionó el simulacro de consulta en cuanto a papeletas, urnas, seguimiento de la jornada para la prensa -se hanilitó un recinto de la Feria de Barcelona en Montjuïc-, de funcionamiento de la página web de la Generalidad sobre el 9N, así como de "cualquier tipo de servicios relacionados con el seguimiento y proclamación de los resultados". El TSJC también preguntará a la Generalidad por sus comunicaciones a directores de centros educativos para la "cesión de locales" para celebrar la pseudoconsulta.

Además, el TSJC ha acordado también llamar a declarar a tres testigos dos inspectores y una delegada territorial -de la provincia de Barcelona- de la Consejería de Enseñanza.

Finalmente, el TSJC acuerda devolver dos escritos presentados por dos de las acusaciones populares, VOX y Manos Limpias, respectivamente, "por no venir presentados por la dirección letrada y representación procesal única y en común de las acusaciones populares".