Un 30% de las tiendas de Barcelona sigue la ley nacional e ignora la autonómica

La suspensión de la ley autonómica de horarios comerciales en diciembre pasado, por parte del Tribunal Constitucional (TC), está teniendo efectos en el comercio barcelonés. Un 30% de las tiendas de los 18 ejes comerciales de la ciudad de Barcelona agrupados en la Fundació Barcelona Comerç -y reconocidos por el Ayuntamiento de Barcelona- reconoce que "no ha seguido" la normativa que fija la ley autonómica tras su suspensión, por lo que sigue la ley nacional, menos restrictiva en cuanto a horarios de apertura.

El dato lo recoge un estudio, el Indicador del Comercio de Barcelona (IcoB) del primer trimestre de 2015, llevado a cabo por la Fundació Barcelona Comerç a partir de encuestas presenciales realizadas entre los días 14 y 16 de abril a 542 de los más de 10.000 comercios que, según la propia fundación, están presentes en los 18 ejes comerciales de Barcelona.

Una sola pregunta

La encuesta solo dedica una pregunta muy concisa a la suspensión de la ley autonómica: si los comercios la han seguido "pese a la suspensión" -como pretende la Generalidad, mediante pactos con asociaciones de comerciantes-. Un 69,1% de los encuestados afirma que "ha seguido" la ley autonómica pese a la suspensión, mientras que un 30,2% afirma que "no la ha seguido". La encuesta no indaga en el grado de seguimiento concreto de la normativa suspendida.

El TC suspendió cautelarmente la normativa autonómica en diciembre del año pasado, al admitir a tramite un recurso del Gobierno. El ejecutivo considera que la ley catalana impone un régimen de apertura de comercios "más restrictivo para la libertad comercial que el contemplado en la normativa básica estatal".

Las diferencias entre las normativas

La ley nacional permite abrir a los comercios un máximo de 90 horas semanales, mientras que la autonómica, ya suspendida, establecía un límite de 72 horas semanales. Pero el gran caballo de batalla son las exenciones a la norma.

Así, la normativa catalana suspendida fija 10 jornadas festivas anuales de apertura comercial, por 16 de la nacional -rebajables también a 10 por las CCAA-. Ambas normas coinciden igualmente en eximir de la apertura en festivos a tiendas de conveniencia, panaderías, quioscos, floristerías y otros comercios similares, así como a las situadas en determinadas zonas turísticas. Pero la ley nacional exime también a los comercios de menos de 300 metros cuadrados -no franquiciados ni parte de cadenas-, mientras que en la ley autonómica este privilegio se restringe a los comercios de alimentación de menos de 150 metros cuadrados, o a cualquier comercio de menos de 150 metros cuadrados situado en poblaciones de menos de 5.000 habitantes.

La Fundació Barcelona Comerç asegura que sus 18 ejes comerciales "integran a más de 10.000 comercios, dan empleo a más de 35.000 personas, facturan más de 7.000 millones de euros y representan alrededor del 7% del PIB de la ciudad".