Una ambulancia del Servicio Médico de Emergencias de la Generalitat en un Hospital de Girona / CG

Una ambulancia del Servicio Médico de Emergencias de la Generalitat en un Hospital de Girona / CG

Política

Más anomalías en el ámbito de la sanidad: ahora las ambulancias

Artur Mas y Francesc Homs han dicho todos los disparates posibles respecto a que CDC no tenía nada que ver con el inmenso escándalo Innova, de origen sanitario. No pueden admitir lo que lo hechos hace tiempo han demostrado y van ratificando, día a día, tema a tema. Mas hizo campaña electoral en las comarcas de Tarragona y fue a Reus. Se entiende.

11 mayo, 2015 04:21

EL Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) ha informado de que para el concurso de concesión del transporte sanitario de Cataluña. Su importe es de 2.130 millones de euros, en diez años. Por lo tanto, es el más importante de toda la legislatura, como mínimo. Todo quedaría parado durante unos tres meses y tal vez habrá un concurso del todo nuevo. Vista la chapuza efectuada por la Generalidad, tiene sentido.

Bajo el mandato de Mas también falló, por decisión judicial ya firme, la concesión de la privatización de Aguas Ter-Llobregat. Debía ser la privatización más importante de Cataluña, de toda la vida. Costará mucho dinero a la Generalidad. Hay que exponerlo en unos momentos en que Mas está muy angustiado debido a creer que a CDC le haría falta más dinero para las campañas electorales, la que hay en curso y otras dos posibles.

Las dos más importantes licitaciones de la Generalidad (una de privatización de una empresa pública y la otra de contratación de un inmenso servicio de ambulancias sanitarias) no se han podido materializar por razones, digamos púdicamente, que no dejan nada bien a un presidente (Mas) y a un gobierno que claramente no es "de los mejores". Tal vez no lo sería ni en el África subsahariana. Caramba qué tropa, podría volver a decir el Conde de Romanones.

Balance catastrófico de la Generalidad

Son dos casos grandes graves, rodeados de montañas de dinero y aderezados de sospechas. En todo esto, el papel de la Generalidad de Mas es más bien catastrófico, si bien podría usar una palabra peor: sospechoso. El de las aguas parece que esté resuelto, cuando no es así. La Generalidad deberá pagar un montón de millones, justamente.

Más en el presente, en la concesión del transporte sanitario hubo anomalías, aspectos de las cuales serán revelados aquí y ahora. Parten de la valoración técnica de las ofertas. Podrían haber ilicitudes espectaculares. La responsabilidad hay que buscarla por el lado del CatSalut, que dirige Josep Maria Padrosa. Este depende directamente del consejero Boi Ruiz, mientras que directivos de ese servicio fueron los responsables de las valoraciones técnicas.

Multinacionales y curiosas 'valoraciones técnicas'

Los concursos públicos tienen dos partes. La primera es la valoración económica de las ofertas. La segunda, la técnica. La primera es bastante simple: gana quien ofrece el servicio por menos dinero, de manera creíble. En el concurso que tratamos participaron cerca de veinte de empresas. Aspiraban a los trece lotes (zonas) en las que se dividió el conjunto de la inmensa concesión, la del servicio de ambulancias de toda Cataluña.

Inicialmente, ganaron dos inversoras multinacionales y, en un tercer lugar, una UTE (unión temporal de empresas) de las catalanas Egara y Lafuente. Quedó primero el fondo de inversión danés Falck, halcón, en danés. Es una multinacional que actúa en diversos aspectos de la seguridad y la empresa de ambulancias más grande de Europa. Inicialmente recibió seis lotes de los trece.

Fue seguida del fondo de inversión italiano Investindustrial de la familia italiana Bonomi, que recibió cuatro lotes. Una UTE autóctona recibió tres lotes. La figura más importante de la familia es Andrea Bonomi, nacido en Milán y ahora con pasaporte suizo. Recibe el renombre poco glorioso de "il condottiere", dado que "i condottieri" fueron mercenarios medievales. Opera normalmente a través del fondo Investindustrial, que posee una cartera de unos tres mil millones de euros.

La familia italiana que controla Port Aventura

La familia Bonomi posee la mayoría del control de Port Aventura, inversión de la que llegó a tener el cien por cien, al haber comprado la participación de La Caixa. Por tanto, Bonomi, como el grupo danés, tenían buenas relaciones con la Generalidad y, en particular, como después se expondrá, con Josep Prat, hoy mulitiimputado y antes hombre fuerte de CDC en las tierras tarraconenses, la zona con Port Aventura e Innova, esta última una creación de Prat.

En la valoración técnica, jugó un papel clave el CatSalut. Es en esta valoración en la que surgieron chapuzas, bien sospechosas. Las alegaciones fueron por anomalías groseras. Han hecho que el primer resultado, ya indicado, debiera ser cambiado, ante la perspectiva de acciones judiciales que la Generalidad, según todas las apariencias, hubiera perdido.

Una segunda valoración cambiando la primera

El resultado final ha sido óptimo para el grupo Bonomi, que de cuatro lotes ha pasado a obtener seis. Implican una facturación de unos mil millones de euros. La multinacional danesa Falck ha pasado a tener tres, gracias a haber creado una UTE con una empresa del Vallès. El volumen de este último conjunto, dominado por Falck, es de unos 500 millones de euros. Finalmente, la UTE autóctona mencionada antes siguió quedándose con tres lotes.

Desde hace más de un año, el juzgado numero tres de Reus, competente en el inmenso procedimiento por el escándalo de origen sanitario Innova, tiene abierta una importante pieza separada sobre un aspecto diferente del siempre delicado tema de las ambulancias. Se inició debido a papeles encontrados en casa de Josep Prat, con ocasión de un registro judicial efectuado por la Guardia Civil el 24 de enero de 2014.

Papeles encontrados en un registro en casa de Josep Prat

En aquellos papeles se exponía información relativa a ese concurso, hoy detenido. Se hablaba de los "daneses" a los que ya se atribuía entonces, bien singularmente, el Vallès Oriental y el Occidental, de los que sigue disfrutando en este momento del proceso aún no finalizado, junto con la zona de Hospitalet del Llobregat. Los "daneses" (como diría Prat) han pasado de ser los más favorecidos a ocupar un nada despreciable segundo lugar. Repito que tendrían unas entradas de unos mil millones de euros.

La Guardia Civil, en funciones de policía judicial, también encontró una nota refiriéndose a la "relación ProA-Pomés-Padrosa". La empresa ProA Capital es la compañía líder española en el sector del transporte sanitario, controlando el 85 por ciento del grupo de transporte sanitario Ambuibérica.

'Turismo sanitario' y el Clínico

ProA Capital está considerando entrar en el mundo del 'turismo sanitario', negocio que, como expliqué hace meses, también interesa a la privada, pero pagada con dinero público: BarnaClínic, ubicada, ay, en el Hospital Clínico de Barcelona. Este es el único Hospital Clínico del Estado, todos con idéntico origen y funciones, que aún no forma parte de las correspondientes sanidades públicas autonómicas. Esto quiere decir que ya en tiempos en que Xavier Trias era consejero de Sanidad se estaba, como mínimo, incubando por parte de algunos la privatización del ente históricamente más evidente de la sanidad pública.

Es un tema muy vivo hoy, con un periodo de alegaciones sobre su futura estructura jurídica, respecto a la que hay muchas incógnitas. No está claro si Josep M. Piqué, director del Clínico, que siempre va de la mano del mucho más poderoso Jaume Aubia, jefe de hecho del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (dominado por CDC) continuará llevando adelante sus viejos planes privatistas extremos, casi pintorescos.

Aparece el apellido del ex consejero Pomés

El nombre "Pomés", encontrado en el inefable papel intervenido en casa de Josep Prat lleva a pensar en quien desde hace decenios es un inmenso poder de CDC en sanidad: Xavier Pomés. Entre otros muchos cargos, fue consejero de Sanidad bajo Jordi Pujol.

El diario digital El Debat, que dirigí, publicó datos bastante espectaculares en cuanto a presuntas incompatibilidades de Pomés, como la de presidir, al mismo tiempo, el Clínico y San Pablo. Como escribí hace años, Pomés tenía y debe conservar inmensos intereses en el terreno de las ambulancias privadas, titulares de concesiones públicas. También es un hombre determinante en la sanidad propiedad de la orden religiosa de San Juan de Dios.

Ambulancias del todo diferentes

En cuanto a Padrosa, resulta evidente que el papel escrito encontrado en casa de Prat sólo podía referirse a Josep M. Padrosa, el brazo derecho de Ruiz en la Generalidad, en muchos campos, incluido el de las concesiones públicas a empresas de ambulancias privadas. La valoración denominada técnica está en la base de la chapuza y de la parada de la concesión por valor de más de dos mil millones de euros.

En esa valoración inicial de ofertas no se supo ver que había ambulancias que ya estaban en funcionamiento en otras CCAA, entre ellas la de Aragón. Aún fue peor olvidar valorar mejor las ambulancias con soporte vital garantizado, con médico en su interior. Son infinitamente superiores en prestaciones a las ambulancias ordinarias. Son prestaciones incomparables. En la que expongo se habría olvidado hacer la distinción, bien clave, en cuanto a servicio técnico.

Todo ello ahora está parado por decisión del Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), de otro modo con toda probabilidad los que se hubieran sentido afectados por la resolución inicial de la Generalidad probablemente ya habrían iniciado una acción judicial.

Prat, ya imputado por un tema de ambulancias

Recordemos que en el ámbito de las ambulancias ya hubo una intervención, al ser imputado Josep Prat por cobrar presuntamente cien mil euros de un empresario de ambulancias (Bernardo Coslada) trabajando para la Generalidad en régimen, ay, de concesión. Prat habría cobrado a través de una su empresa inmobiliaria y seguramente instrumental.

Todo habría tenido efecto después de un contacto del empresario Coslada con el consejero Boi Ruiz. Recordemos el auto judicial de imputación de otro empresario por la compra por una empresa del holding sanitario Innova de prótesis caducadas y sin concurso. Entonces el juez escribió que todo habría sucedido después de que este segundo empresario hubiera tenido un contacto "con el consejero Mena y el presidente de la Generalidad Artur Mas". Lo afirma textualmente aquel auto de imputación que reproduje.

Incluso La Vanguardia informa

Recordemos también que Prat está imputado por causas diversas, de origen sanitario y cuando tenía cargos en este campo, otorgados por CDC.

En el tema de las ambulancias Prat ha sido imputado junto con cuatro hijos. Incluso informó La Vanguardia de ello.

Un magnífico auto judicial

Todo ello marea, por no decir que hace vomitar. Además, en un orden positivo, viene a la cabeza y al corazón un brillante auto judicial del juez de Reus que ha imputado a una cincuentena de personas por el caso Innova, entre ellas Josep Prat, este por otro episodio del tema de ambulancias, así como por otras cuestiones del caso Innova, de origen, repito, cien por cien sanitario.

En aquel auto, el juez escribía un histórico y brillante párrafo, en mayúsculas y con un tipo de letra más destacado. Lo reproduzco en su lengua original para no desviarme ni una pizca.

"Los razonamientos anteriores -escribía el magistrado respecto a otro procedimiento, en el marco del escándalo Innova- no sólo introducen indicios, como ya se ha dicho, de una falta grosera de control del dinero público, por parte de los responsables del Ayuntamiento de Reus (Innova) sino que confirman, indiciariamente, que el modelo de gestión de Innova (Ayuntamiento de Reus) estaba diseñado para que no hubiese ningún tipo de control. Como se ve en esta pieza separada, de la misma manera que en la pieza principal de la causa, estamos ante un fallo sistémico que propiciaba, con evidente intención que se contratase sin seguir ningún procedimiento y que se pagasen los trabajos sin fiscalizar su realización. En definitiva, se actuaba con evidente perjuicio de esos interés públicos que se supone deben defender y respetar aquellos a quienes se les ha confiado la tarea de dirigir una administración pública".