Alberto Fernández exige una auditoría sobre la L9 del Metro

El alcaldable del PP para las elecciones del 24 de mayo en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha reclamado este lunes una auditoria "técnica y económica" sobre las obras de la línea 9 del Metro, que, según ha recordado "cuestan ya siete veces más de lo que inicialmente estaba previsto", al haberse elevado el presupuesto de los 2.500 millones de euros iniciales a 16.000. Además, ha señalado que se están pagando de las arcas públicas 300 millones de euros anuales en concepto de de canon a las constructoras "por las estaciones construidas que aun no dan servicio".

El dirigente "popular", en rueda de prensa, ha tildado esta situación de "desbarajuste y derroche de recursos públicos que no se puede consentir", y ha exigido "transparencia y que se investigue que es lo que ha pasado, por qué ha pasado, cuanto costarán más finalmente las obras y quiénes son los responsables".

Pide que llegue a la Zona Franca

Fernández Díaz también ha pedido más velocidad en la ejecución de estas obras, señalando que solo están en funcionamiento "nueve de las 52 estaciones previstas" de la futura L9. A la vez, ha reclamado la llegada de esta línea a los barrios de la Zona Franca y La Marina.

Esta no ha sido la única queja de despilfarro que ha lanzado hoy Fernández Díaz en relación al Metro. De hecho, ha dado su rueda de prensa en el lugar previsto para la nueva parada de la L5 bauitzada con el nombre de Ernest Lluch. Y ha lamentado que, pese a que "se gastaron más de 50 millones de euros en esta estación", las obras están detenidas "desde hace años" porque la Generalidad "dejó de invertir" y no ha ejecutado aun las obras de acceso a la misma y del vestíbulo, por un coste de 12 millones.

El alcaldable 'popular' hja lamentado que esto ha significado "enterrar 50 millones de euros", y ha echado las culpas tanto al actual Gobierno autonómico, en manos de CiU, como al anterior tripartito de PSC, ERC e ICV-EUiA.

Un proyecto polémico y con sombras

La futura nueva línea del Metro de Barcelona es polémica desde el inicio del proyecto, a finales de los años 90. La obra se inició en 2003, en plena época de vacas gordas, con la previsión de finalizarse cuatro años después. En cambio, solo se han inaugurado diversos tramos menores, a partir de 2009, y el presupuesto total se disparó por la decisión de la Generalidad, una vez estalló la crisis, de que fueran las propias constructoras las que financiaran el proyecto, a cambio de un canon anual durante treinta años. Este sistema permite sacar adelante las obras en momentos de falta de liquidez, pero al precio de encarecer tremendamente el proyecto.

En 2011, además, la Generalidad decidió ralentizar y replantear algunos de los tramos, también por las dificultades financieras del Gobierno autonómico. Según publicó recientemente El Periódico, la Generalidad incluso se habría planteado -quizás, como 'globo sonda'- privatizar parte del servicio para financiar las obras

Finalmente, sobre el proyecto pesa una importante sombra: las sospechas de irregularidades, por la pieza separada del caso Palau que investiga una posible financiación irregular de CDC a través de comisiones irregulares pagadas por constructoras a cambio de concesiones de obras publicas, entre las cuales ocuparía un lugar muy destacado la L9.