La FMC también pide detener el consorcio sanitario de Lérida
Metges de Cataluña, la Marea Blanca y la Cámara autonómica -por dos veces- ya han exigido lo mismo a la Generalidad.
20 abril, 2015 18:51Sigue el goteo de rechazos al proyecto del Gobierno autonómico de fusionar en un nuevo consorcio sanitario a las dos empresas públicas de la Generalidad que prestan servicio sanitario en la provincia de Lérida, el Instituto Catalán de la Salud (ISC) y Gestión de Servicios Sanitarios (GSS), que los críticos consideran como un primer paso para la fragmentación y privatización de la sanidad pública catalana. Ahora, desde la Federación de Municipios de Cataluña (FMC).
Xavier Amor, el presidente de la FMC -entidad municipalista que engloba principalmente a Ayuntamientos gobernados por el PSC-, ha rechazado en una carta dirigida al presidente de la Generalidad, Artur Mas, y a la presidenta del Parlamento autonómico, Núria de Gispert, el proyecto de creación del polémico consorcio sanitario de Lérida, y ha pedido detener "cualquier trámite relativo" al mismo.
En la misiva, la FMC explica que en el proyecto "no se ha garantizado la participación de todos los agentes implicados", así como que no se han presentado ni la planificación ni el calendario de la iniciativa, ni las garantías de la misma, ni un estudio sobre las posibles alternativas. Y, sobre todo, recuerda que el Parlamento autonómico ya ha rechazado el proyecto.
"Incopmprensible"
La entidad municipalista considera "incomprensible" que, pese al rechazo categórico del Parlamento autonómico la Generalidad haya seguido adelante con el proyecto, al llevar a cabo el trámite de someterlo a información pública.
En este trámite, el sindicato mayoritario en la sanidad pública catalana, Metges de Catalunya, ya ha presentado alegaciones contra el proyecto, y la principal plataforma ciudadana de protesta contra el mismo, la Marea Blanca de Ponent, inició una campaña para hacer lo propio.
El Parlamento ha instado al Gobierno autonómico dos veces a paralizar el proyecto. La primera, con una moción de ICV-EUiA que fue totalmente ignorada por el Ejecutivo autonómico, que publicó pocos días después en el Diario Oficial de la Generalidad la puesta en exposición pública de la iniciativa. La segunda, la semana pasada, con una moción del PSC que recordaba la primera votación.