Un año más, la Generalidad se niega a cumplir las reiteradas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenan preguntar a los padres cuál es la lengua habitual de sus hijos en el impreso de preinscripción escolar para poder hacer efectivo su derecho "a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano", tal y como recoge en el artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística.

El período de preinscripción para el próximo curso 2015-2016 empieza este martes y se alarga durante una semana. Sin embargo, la Consejería de Enseñanza se limita a preguntar en la solicitud de preinscripción cuáles son las "lenguas que entiende" (castalán, castellano o ninguna de las dos), algo muy diferente a cuál es la lengua habitual, como vienen ordenando los tribunales una y otra vez desde 2004, y como viene incumpliendo el Gobierno autonómico desde entonces, algo que incluso ha reconocido el Síndic de Greuges.

Ofrece "atención lingüística individualizada", pese a que no es legal

La Consejería presidida por Irene Rigau vuelve a indicar a aquellos padres que quieran que sus hijos reciban "la primera enseñanza" en español que "pueden instar, en el momento de la matrícula, a la dirección del centro en el cual sean admitidos, que sus hijos reciban atención lingüística individualizada en esta lengua".

Todo ello pese a que el Tribunal Supremo ha dejado claro en diversas ocasiones que esta "atención lingüística individualizada" en castellano (que consiste en traducir al alumno las frases que no entienda) es "algo bien distinto del derecho a recibir esa educación en su lengua habitual", por lo que no es válida para dar por satisfecho ese derecho.

Campaña de la AEB y CCC para exigir educación bilingüe

Más allá del derecho a escoger la lengua de la primera enseñanza, los padres también tienen derecho a que sus hijos reciban una educación bilingüe en centros públicos durante el resto de las etapas obligatorias, con una proporción razonable en español y catalán -y que los tribunales han establecido en un 25% de las clases como mínimo en castellano-.

Pero la Consejería de Enseñanza tampoco prevé esta opción. Por ello, algunas entidades (como la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña y Convivencia Cívica Catalana) han puesto en marcha campañas para que los padres puedan ejercer los derechos lingüísticos de sus hijos en el ámbito escolar.

Estas asociaciones proponen dos alternativas: exigir el bilingüismo en los centros públicos -lo que puede dar lugar a un proceso judicial que termine con una indemnización compensatoria en caso de que se satisfaga la petición-, o bien acudiendo a centros privados en los que el castellano también sea lengua vehicular para después solicitar al Ministerio de Educación que le reintegre los gastos des escolarización, tal y como prevé la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).