La Generalidad esgrime de nuevo la disposición adicional tercera, anulada por el TC

El Gobierno de la Generalidad no ha tardado apenas nada en replicar verbalmente al discurso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Debate sobre el estado de la Nación, en el que este ha advertido que nunca aceptará que se ponga en "tela de juicio" la unidad de España y los "derechos fundamentales" de los españoles, en alusión al desafío secesionista. Y lo ha hecho apelando a un presunto incumplimiento del Ejecutivo con la Generalidad que no es tal, según estableció hace ya cinco años el Tribunal Constitucional (TC): la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo Ejecutivo de la Generalidad, el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Francesc Homs, ha replicado a Rajoy que, mientras el Gobierno "se ampara en el cumplimiento de la ley" -en alusión al reto independentista-, es también "el primero" que "se la salta a la torera".

En concreto, Homs ha desgranado una serie de presuntas obligaciones económicas del Gobierno con la Generalidad -que esta exige hasta el punto de recogerlas en el proyecto de presupuestos para 2015-, entre las que ha citado la ley de la dependencia, las becas de estudiantes y, especialmente, la disposición adicional tercera del Estatuto. "Solo con que cumplieran con la ley ya resolveríamos buena parte de los problemas que tenemos", ha añadido Homs.

Una norma vigente, pero "no vinculante"

Pero sucede que el Gobierno no está obligado a cumplir con la célebre disposición adicional tercera. Esta establecía que, en los siete primeros años tras su entrada en vigor, el Ejecutivo debía dedicar a infraestructuras en Cataluña un porcentaje equivalente a la proporción del Producto Interior Bruto (PIB) catalán en relación con el PIB del conjunto de España (alrededor de un 18%).

Por este concepto, y en relación al año 2008, la Generalidad exige 759 millones de euros al Gobierno, e incluso consigna esta cantidad en su proyecto de presupuestos. Una cantidad no exigible, pues el TC, en su sentencia de 2010 que ajustaba el Estatuto a la legalidad, si bien no eliminó la disposición adicional tercera, sí la convirtió en papel mojado, al dejar muy claro que esta no es "vinculante" para el Gobierno.

"La disposición adicional tercera, apartado 1, debe, pues, interpretarse en el sentido de que no vincula al Estado en la definición de su política de inversiones, ni menoscaba la plena libertad de las Cortes Generales para decidir sobre la existencia y cuantía de dichas inversiones", reza la sentencia del TC.