Boi Ruiz lanza un 'plan de comunicación' por miedo electoral

Boi Ruiz tenía previsto iniciar hoy el lunes una campaña de propaganda sobre la política sanitaria de la Generalidad. La ha llamado 'Plan de comunicación'. De entrada, quiere hacer creer que prácticamente no hay listas de espera y que todo va como una seda. Es un catálogo de falacias.

La decisión de Ruiz reconfirma que la destrucción de la sanidad pública tiene un enorme peso electoral, como indican las encuestas. Si la ciudadanía, los profesionales y las fuerzas contrarias a CiU lo exponen bien, se puede dar por cantado el resultado de los tres comicios que se avecinan.

95 enfermos urgentes en situación increíble

Empezamos por un hecho de ayer mismo, el domingo. Por la mañana leo el siguiente tuit enviado por los adjuntos de urgencias del Hospital público del Valle de Hebrón, el mayor y mejor de Cataluña. Lo reproduzco textualmente: "Domingo 8: 95 [noventa y cinco enfermos] pendientes ingreso. Sin boxes para atender pacientes, sin camillas ni pasillos para ubicarlas, SIN DIRECCIÓN para tomar medidas".

En ese hospital no está claro si ha tomado posesión el nuevo director gerente, después de que fuera cesado de repente el doctor José Navas. A Navas la Consejería le acusa de no tener ningún entusiasmo, al contrario, para recortar y de haber dado pasos para poner en funcionamiento una planta para poder ingresar precisamente las docenas de pacientes que cada día tienen que estar esperando horas y horas en urgencias.

Tapar las listas de espera

El pasado fin de semana, Boi Ruiz pensaba centrar su operación de propaganda, de duración indeterminada, en la pretendida disminución de las listas de espera quirúrgicas. Tienen particular importancia las que afectan a catorce procedimientos.

En algunos casos ha habido un aumento puntual de intervenciones. Pero en su conjunto la actividad quirúrgica pública no llega al nivel de 2010, lo que es escandaloso.

No podía ser de otro modo, al recortar durante años el presupuesto y reducir el personal. Pero Ruiz piensa intentar argumentar que, a pesar de estos hechos objetivos, su pretendida buena gestión permite hacer lo mismo que antes, con menos personal y menos dinero. No sabe qué es tener vergüenza. Precisamente la complicación de todos los procedimientos ha sido un elemento usado para denigrar a la sanidad pública y para disimular su arbitrariedad.

Doble espera para engañar

Además hay una trampa grosera. Resulta que se ha retrasado la admisión de los pacientes a las listas de espera, junto con otros camuflajes. De esta manera, las listas oficiales ahora muestran datos muy por debajo de los reales. Aunque cueste creerlo, los pacientes tienen que esperar, ay, para poder.... entrar en la lista de espera. Mientras el paciente no está oficialmente en la lista de espera, sino esperando para entrar, la demora no se contabiliza. Es una espera administrativamente inexistente y propagandísticamente menos escandalosa.

Hay dos esperas. Una a escondidas y administrativamente inexistente para entrar en la lista de espera, y otra administrativamente real para poder salir de la lista de espera para ir a la sala de operaciones. La suma de las dos esperas es, por supuesto, muy superior a la demora normalmente mínima que había antes de que llegaran Artur Mas, Mas-Colell y Boi Ruiz con sus recortes.

Las pruebas diagnósticas

Un elemento clave son las pruebas diagnósticas sin las que no se da por segura una enfermedad ni posteriormente se precisa todo lo que sea necesario a efectos de una intervención quirúrgica buena y eficaz.

En este orden, todo puede llegar, en particular el retraso de las pruebas diagnósticas (radiografías, ecografías, etc.) que pueden ser "derivadas" hacia centros privados cuando quizá el hospital o centro público que atienda al enfermo tenga -o había tenido hasta hace cuatro días- medios para efectuar todas las pruebas que fueran necesarias.

Esa capacidad que se puede haber hecho perder -quizás deliberadamente- con recortes de personal y de medios. No digo nada si las contrataciones de pruebas, o de lo que sea, a entidades privadas han sido sin concurso ni contrato conocido, como expuse en un artículo reciente, basándome en un informe de una auditoría.

Desbarajustes en Tarragona

En el plazo inmediato y concreto, parece que es en la demarcación de Tarragona donde pueden aflorar más temas acreditativos de la desastrosa gestión de Ruiz. Allí y en todo, su objetivo es destrozar la naturaleza pública del Instituto Catalán de la Salud (ICS), y sobre todo la condición de público de su dinero. La CDC denominada de los "negocios", con la opacidad del sistema creado por Jordi Pujol, se quiere zampar el ICS. Todo va de esto.

En Tarragona, como en Lérida, el proceso ya está en marcha. Por decirlo lisa y llanamente, allí se quiere potenciar el Hospital de Sant Pau y Santa Tecla (conocido por La Tecla) y su red de cuatro fundaciones y centros sociosanitarios en las comarcas de Tarragona y del Baix Penedès y convertir la sanidad hasta ahora pública en un instrumento.

El Hospital Santa Tecla, el GIPSS y el Joan XXIII

La Tecla es una organización privada de origen eclesial, que se remonta al siglo XII. Está integrado en la XHUT (Red Hospitalaria de Utilización Pública), es decir de pago con dinero público. Un dinero que se quiere quitar del control riguroso propio del Derecho Administrativo para someterlo al Derecho Mercantil, como si fuera dinero privado de los gestores, muy mayoritariamente cercanos a CDC. Lo he escrito mil veces, pero no recuerdo que nadie haya mencionado este hecho capital en el Parlamento autonómico. ¿Si esto no es un gran tema, qué lo es?.

El objetivo es marginar al Hospital Joan XXIII, que es del ICS, es decir cien por cien público y en todo muy superior a La Tecla. La operación ahora pasa por cambiar, sin anunciarlo, por ahora, el marco y el funcionamiento de la empresa pública de salud GIPSS (Gestión y Prestación de Servicios de Salud).

Denuncia en la Fiscalía de Tarragona

Respecto a la forma de obrar de la Generalidad y La Tecla respecto a GIPSS ya hay presentada una denuncia en la Fiscalía de Tarragona. Se trataría de probar la posible ilicitud de la presencia de una persona procedente de La Tecla en el consejo del GIPPS, lograda de manera muy singular.

Oficialmente, Ruiz dijo que en Tarragona no se creará un consorcio, como en Lérida. Ya lo veremos. Quizá se quiere hacer lo mismo sin usar el nombre de 'consorcio'. Puede ser suficiente con una asociación que no lleve este nombre.

Dinero privado preferido al público

Lo expuse, junto a un anexo con el texto literal de un singular "Convenio de Colaboración, Coordinación y Cooperación en Materia de Salud del Sector Sanitario Tarragonès-Baix Penedès".

El documento es de un gran interés. Reacredita que la Generalidad quiere que en cada demarcación provincial haya un centro hospitalario privado que mueva el asunto, es decir, el dinero, y se beneficie del poder político que confiere el control de sanidad y todo lo que se quiera.

El modus operandi, como dicen los policías, siempre es el mismo. Resulta aburrido y descarado. Se crea un consorcio, lleve ese nombre o no, donde se meten entes públicos y privados, haciendo que el centro de gravedad pase a manos de los privados. Sin los recortes esto no sería ni pensable.

Joan Maria Adserà, hombre clave

En general, en cada demarcación hay un hombre de confianza que es, discretamente o no, la figura clave. Naturalmente es de CDC o asimilado y también naturalmente puede hacer recordar el viejo caciquismo.

En el caso de Tarragona todo indicaría que será, o ya es, Joan Maria Adserà Gebelli, dirigente de CDC de toda la vida, ahora director general y gerente de la Red Pública y Social Santa Tecla y antes (de 1994 a 2000) gerente de la región de Tarragona del Servicio Catalán de Salud, es decir el ente de la Consejería de Salud que paga toda la sanidad privada concertada. Su hermano Javier es (o ha sido hasta ahora) gerente de la empresa Veremonte, promotora del fallido proyecto Barcelona World. Es o era el principal colaborador del inefable empresario Enrique Bañuelos.

Construcción de un hospital en Argentina

Desde La Tecla, Joan Maria Adserà fue, junto con, mira por donde, el consejero Boi Ruiz, uno de los grandes protagonistas de una operación de intento de construcción o mejora, y posterior gestión, de un hospital en la ciudad de Salta, en Argentina.

El presupuesto podía ser de quince millones de euros. Se anunció en 2007 y terminó como el rosario de la aurora. Cuando estaba precisando el alcance del escándalo Innova, que acababa de destapar, escribí un artículo sobre el tema de Salta en el Diari de Girona del 7 de febrero de 2012.

La participación de Boi Ruiz fue en nombre de la patronal entonces denominada Unión Catalana de Hospitales, que presidía o de la que era director general. También participó, desde la primera fila, el ex consejero (muy efímero, de noviembre de 1994 a junio de 1995) de Política Territorial y Obras Públicas, Jaume Roma, amigo de los hijos de Jordi Pujol. Antes, Roma había sido director general del ICS.

Roma fue acusado de una presunta corrupción, por denuncia de cinco subcontratistas en relación a la remodelación del Hospital San Juan de Dios y la construcción de ocho Centros de Atención Primaria. Su predecesor también había dimitido por otro tema, diferente. Uno y otro dimitieron pero finalmente ni fueron imputados. Roma fue sustituido como consejero por Artur Mas.

Querella de un ex consejero a un consejero

Los hechos se remontarían a 2007. Luego hubo una querella por presunta estafa presentada por Jaume Roma y el empresario Joan Corona contra Joan Maria Adserà y Boi Ruiz. Los querellantes invocaron un perjuicio de más de diez millones de euros.

Fuentes periodísticas indican que la sentencia del tribunal barcelonés competente será hecha publica esta misma semana, tal vez el día 11. Esto de haber sido querellados en un mismo procedimiento penal -Ruiz y Joan Adserà- debe unir bastante. Al ser designado consejero Boi Ruiz, la competencia jurisdiccional pasó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pero el tema no ha sido demasiado comentado. Supongo que por TV3 ni lo más mínimo.

Realmente, mejorar la imagen de lo poco que queda de la sanidad pública catalana y de sus recortadores es, como diría un literato, una tarea que se adivina pesada. Ruiz no debería olvidar hablar de los más de 40 imputados por el caso Innova.