El juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid Florencio de Marcos ha retirado este lunes el tercer grado penitenciario -que permite acudir a la cárcel solo a dormir- al ex presidente autonómico balear Jaume Matas, que le fue concedido a finales de octubre por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias -que depende del Ministerio del Interior-, tras cumplir tres meses de una condena de nueve meses de prisión.

El juez, que estima el recurso presentado por la Fiscalía, razona en su auto que aunque es un "hecho indudable" que Jaume Matas es actualmente un "sujeto socialmente insertado", como es "habitual en la delincuencia de 'guante blanco'", también es cierto que no ha habido "reeducación del interno", y que "sin haberse alcanzado ese fin de la pena, no tiene sentido la clasificación en tercer grado".

En este sentido, el juez señala que "no hay prueba alguna de la existencia del arrepentimiento, asunción del hecho, conciencia del daño causado y del descrédito causado a la Institución Pública" por parte de Matas. Por el contrario, "lo único que cabe afirmar es que el interno ha hecho hasta el último momento, legítimamente, todo lo que ha podido para no cumplir la pena", indica el auto.

En esta línea, el juez recuerda que una de las funciones de las penas de prisión, además de la reinserción y la reeducación del condenado, es dar "confianza a los ciudadanos en cuanto a que en caso de infracción a la Ley, ésta va a ser aplicada".

Primar los "intereses generales" de la sociedad

"El riesgo de ruptura en la confianza de los ciudadanos en la validez del propio Estado de Derecho no puede ser obviado por los Jueces. Atender a la prevención general como parámetro a considerar en un caso de corrupción política es perfectamente legítimo, incluso aunque la pena sea de corta duración, por lo cual han de ser poderosas razones de otra índole las que lleven a primar los intereses particulares del interno sobre los generales de la sociedad", concluye el auto.

Matas fue condenado en marzo de 2012 a seis años de cárcel por diversos delitos de corrupción -fraude a la administración, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias. Al año siguiente, el Supremo redujo su condena a solo nueve meses -por tráfico de influencias-, por debajo de los dos años y un día que marcan el ingreso obligatorio en prisión. No obstante esta rebaja, la Audiencia Provincial de Baleares decidió ordenar igualmente que Matas fuera a la cárcel, tras lo cual su defensa reaccionó solicitando el indulto y la suspensión de la pena, una suspensión que le fue concedida.

Matas no ingresó en prisión hasta finales del pasado mes de julio, después de que la audiencia Provincial de Palma rechazara dos escritos presentados por el expresidente autonómico en los que solicitaba no ingresar en prisión.

El PP "respeta" la decisión

Desde el PP, partido al que pertenecía Matas cuando gobernaba en Baleares y cometió los delitos por los que ahora cumple condena, se ha expresado "respeto por las decisiones judiciales", en palabras del vicesecretario de Organización del partido, Carlos Floriano.

El dirigente popular ha opinado que la decisión del juez no supone una desautorización del Ejecutivo, ya que, según ha dicho, considerar que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias -que depende del Ministerio del Interior- forme parte del Gobierno es considerar a este "en sentido amplio".

Por parte del PSOE, su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, ha exigido al Ejecutivo que haga ingresar de forma "inmediata" a Matas de nuevo en prisión, sin "escudarse en excusas", como podrían ser, según ha señalado, los recursos que pueda presentar el ex presidente autonómico balear. Hernando ha recordado también que el PSOE ya calificó en su día la calificación de Matas en tercer grado como "prematura, partidaria e injusta".