Los empresarios imputados afirman que Pujol Jr. les cobró comisiones

Los 11 empresarios que han declarado este miércoles como imputados por el caso de presunta corrupción en torno a Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del ex presidente de la Generalidad Jordi Pujol, han coincidido en afirmar que este les cobró comisiones por sus intermediaciones para conseguir contratos públicos, así como que era el propio Pujol quien se ofrecía a ellos para intermediar.

En declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye el caso, y según citan diversos medios, los empresarios imputados han coincidido a grandes rasgos acerca de los procedimientos de Pujol Ferrusola y de los términos de sus intermediaciones.

Así, Xavier Tauler, directivo de Copisa, ha reconocido que el hijo mayor de Pujol intervino como intermediario en diversas operaciones inmobiliarias, y que cobraba una comisión del 2% del total del contrato. Tauler también ha explicado que todo el trato con Pujol Ferrusola era "verbal", salvo la factura final, en concepto de asesoramiento.

Al suegro, 1%

También ha destacado la declaración de Ramón Gironés, ex suegro de Pujol Ferrusola, quien, a pesar de negar estar implicado en los negocios del hijo mayor de Pujol, sí ha reconocido haber participado con él en una operación inmobiliario, en la que Pujol Ferrusola le cobró una comisión del 1%.

Los empresarios Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol -considerados por muchos como parte destacada de la 'CDC de los negocios' durante el pujolismo-, por su parte, han reconocido operaciones con Pujol Ferrusola, pero han defendido que se trataba de servicios reales de asesoramiento.

Los empresarios que han declarado hoy están imputados por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de dinero -los mismos que a Pujol Ferrusola y su ex esposa- y falsedad en documento mercantil. La investigación del caso sospecha que las empresas de Pujol Ferrusola facturaron unos doce millones de euros a diversas empresas -buena parte de las cuales se habían beneficiado de contratos con la Generalidad- por servicios ficticios, en lo que apuntaría al cobro de comisiones ilegales al clan Pujol por las adjudicaciones de la administración autonómica.