La Delegación del Gobierno en Cataluña ha remitido este jueves una carta a los directores de unos 3.700 centros públicos catalanes reclamandóles de no "contravenir" las resoluciones del Tribunal Constitucional de cara a la consulta secesionista del 9 de noviembre.
En el comunicado, se detalla que una de las decisiones que significaría no acatar la resolución cautelar del Alto Tribunal sería "permitir la utilización del centro docente" como punto de votación en el llamado “proceso participativo”.
La misiva destaca "la importancia del necesario y debido cumplimiento de las resoluciones del TC" y recuerda a los centros educativos que su función debe desarrollarse siempre acorde al ordenamiento jurídico.
Estos nuevos envíos se unen a los enviados también desde la misma delegación del Gobierno a la vicepresidente Joana Ortega, y a la consejera de Enseñanza, Irene Rigau.