El Tribunal Constitucional valora advertir a Mas de las consecuencias hacia su persona por desobedecer la suspensión del 9N

La estrategia del presidente de la Generalidad, Artur Mas, de tratar de "engañar al Estado" con la consulta independentista alternativa del 9N podría suponerle una advertencia directa por parte del Tribunal Constitucional (TC).

Según avanza La Vanguardia, el Alto tribunal valorará este martes esta posibilidad durante el debate sobre el recurso interpuesto por el Gobierno en base al dictamen del Consejo de Estado para frenar la implicación del Gobierno autonómico en la votación.

Tanto el Gobierno como el Consejo de Estado instan al TC a lanzar esa advertencia, que incluiría un aviso sobre las responsabilidades personales en las que podría incurrir Mas en caso de hacer caso omiso de la suspensión de la consulta.

Hacerlo después del 9N ya no tendría sentido

De momento, la mayoría de los magistrados del TC -que ya habrían debatido esta cuestión- no ven claro "entrar en la refriega" de los reproches entre ambos gobiernos -nacional y autonómico-, por considerar que no es oportuno y que hay otras instancias, como la Fiscalía, la que debe valorar el comportamiento de Mas. Aunque, en todo caso, admiten que este es un caso singular e inédito.

Sin embargo, algunos miembros del TC sí creen conveniente enviar esta advertencia con toda claridad, y recordar al presidente de la Generalidad las consecuencias de una hipotética desobediencia. Consideran que, esperar a que haya una sentencia definitiva o a ver qué actitud adopta Mas, no tendría sentido porque el 9N ya habría pasado.

"Con las responsabilidades a que su infracción pudiera dar lugar"

Tanto el Gobierno como el Consejo de Estado apelan al artículo 87.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que indica que "todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva".

En este sentido, el Consejo de Estado señala en su dictamen que "procede recordar que, habiendo invocado el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, el incumplimiento del efecto suspensivo establecido en este precepto supondría una infracción del artículo 87.1 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional [...], con las responsabilidades a que ello pudiera dar lugar".

El Gobierno, por su parte, insta a que el Ejecutivo autonómico suspenda el 9N y todas las "actuaciones" encaminadas a su celebración, "comunicándolo así" al presidente de la Generalidad. Y añade que esta suspensión debe publicarse "en los periódicos oficiales autonómico y estatal" para "su debido e inmediato cumplimiento [...], con las responsabilidades a que su infracción pudiera dar lugar".