"No se puede prohibir lo que no se hace". Así ha respondido este martes el portavoz de la Generalidad y consejero de la Presidencia, Francesc Homs, al anuncio del Gobierno de activar toda la maquinaria para impugnar la consulta independentista alternativa del 9N, desarrollada bajo la denominación de "proceso de participación ciudadana".

En la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo de la Generalidad, Homs ha reiterado que la votación que promueven para el 9 de noviembre no es más que "un proceso participativo", y ha asegurado que la intención del Gobierno está "fuera de lugar".

Homs asegura que el Gobierno no podrá impugnar el 9N fácilmente

"Están desafiando al propio Estado de derecho y a la propia democracia", ha señalado Homs, y ha insistido en que "vamos a seguir adelante" haciendo "todo lo que esté a nuestro alcance" para que el 9N haya urnas aunque se impugne la consulta. "Lo que hacemos ahora lo continuaremos haciendo como lo hacemos", ha añadido, asegurando que el 9N alternativo "no es un referéndum", sino "otra cosa".

Homs ha indicado que el Gobierno "se ha metido en un lío", puesto que, como no hay ningún decreto, tendrá muy difícil impugnar la consulta. Además, ha criticado que el Ejecutivo haya pasado en 15 días de ridiculizar la consulta alternativa a iniciar los trámites para impugnarla.

Una consulta paralela mediante actuaciones de facto

Hasta ahora, la Generalidad ha tratado de no dejar rastro por escrito de todos los pasos que ha dado de cara al 9N, con la intención de que no pueda ser impugnado, y para ello ha recurrido a todo tipo de artimañas.

En este sentido, el Gobierno autonómico ha puesto en marcha una web informativa; ha captado decenas de miles de voluntarios; ha lanzado spots promocionales en televisión, radio y prensa escrita y digital; ha anunciado su intención de utilizar las mismas papeletas con las mismas preguntas que había diseñado para el referéndum secesionista original; ha dado instrucciones por e-mail a los directores de las escuelas para utilizarlas como colegios electorales; ha realizado ruedas de prensa para anunciar el despliegue de un amplio operativo logístico; ha cerrado acuerdos de colaboración con los ayuntamientos; e incluso se ha planteado convocar oficialmente la consulta horas antes del 9N para darle la máxima cobertura legal y dificultar su impugnación.

Primera preocupación, la implicación de los funcionarios

Para la mayor parte de estas cuestiones, la estrategia de la Generalidad es la de ir adaptándose a cualquier suspensión que pueda haber, por ejemplo, haciendo nuevos spots promocionales o aplicando la política de hechos consumados (como las papeletas y las urnas, que ya estarían fabricadas).

Sin embargo, lo cierto es que hay dos aspectos que sí preocupan al Gobierno autonómico. Por una parte está el papel de los funcionarios en el 9N. Al presentar la consulta alternativa hace ahora dos semanas, el propio Homs subrayó la importancia de poder contar con, al menos, 3.000 funcionarios voluntarios para poder celebrarla y "que velarán para que todo esto se haga correctamente".

Este martes, en cambio, Homs ha reculado en esta cuestión. Consciente de que este es un aspecto fácilmente impugnable, el portavoz autonómico ha señalado que "al final hemos ido evolucionando el dispositivo de forma que eso no requiere esta distinción", en relación a los voluntarios. "Todo lo que se dijo desde ese punto de vista, si se entendió como que tenían que ser funcionarios, es evidente que no se necesita en esos términos. La condición laboral de cada uno no es determinante para el proceso participativo, lo que es determnante es ser voluntario", ha insistido.

La impugnación del resto de la Ley de Consultas tumbaría el 9N

Pero la principal preocupación de la Generalidad es otra, y estriba en la posibilidad de que el Gobierno impugne los apartados no recurridos inicialmente -y por tanto, no suspendidos cautelarmente- de la Ley de Consultas no Refrendarias.

Todo el "proceso de participación ciudadana" del 9N (es decir, la consulta independentista alternativa) se basa en el Título III de esta ley. Si el Gobierno presentase un recurso contra este apartado ante el Tribunal Constitucional, este quedaría suspendido cautelarmente, y con él, toda la cobertura legal en la que se basan todos y cada uno de los pasos que está dando la Generalidad.

Esto supondría, de facto, la suspensión de cualquier acción del Gobierno autonómico encaminada a celebrar el 9N alternativo, y debería dejar su organización totalmente en manos de entidades privadas, como Òmnium Cultural o la Assemblea Nacional Catalana (ANC).