Nueva -y enésima- complicación judicial para el clan Pujol. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye el caso contra Jordi Pujol Ferrusola y su ex esposa, Mercè Gironés, ha imputado a 11 nuevas personas por haber colaborado con las presuntas actividades delictivas del primogénito del ex presidente de la Generalidad Jordi Pujol. Pero más que el hecho de aumentar el número de imputados de dos a 13, lo relevante es que se trata de empresarios importantes en Cataluña, algunos de ellos considerados como muy ligados al 'pujolismo'.
Así, el juez Ruz ha citado a declarar como imputados, entre otros, a los empresarios Carles Sumarroca Coixet, uno de los cofundadores de CDC, y su hijo Carles Sumarroca Claverol. La familia Sumarroca, a través de su grupo Comsa-Emte, ha estado considerada por muchos como un claro representante del conocido -no sin ironía- como 'sector negocios' de CDC, aludiendo a adjudicaciones de obra pública y servicios desde la administración autonómica catalana.
Completan la lista de nuevos imputados Luis Delso Heras, presidente de la constructora Isolux Corsán; la ex familia política de Pujol Ferrusola -Ramón Gironés Pages, su ex suegro; Ramón Girones Riera, su ex cuñado, y Merce Riera Anglada, su ex suegra-, Josep Mayola Comadira, Alejandro Guerrero Kandler, Gustavo Buesa Ibáñez y Xavier Corominas Riera.
Contratistas de la Generalidad
El juez Ruz les imputa indiciariamente de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de dinero -los mismos que a Pujol Ferrusola y su ex esposa- y falsedad en documento mercantil. La investigación del caso sospecha que las empresas de Pujol Ferrusola facturaron unos doce millones de euros a diversas empresas -buena parte de las cuales se habían beneficiado de contratos con la Generalidad- por servicios ficticios, en lo que apuntaría al cobro de comisiones ilegales al clan Pujol por las adjudicaciones de la administración autonómica.
Además, y en el mismo auto, el juez Ruz ha ordenado bloquear las cuentas de Pujol Ferrusola en la Banca Privada Andorrana, y ha ampliado la comisión rogatoria a las autoridades del país vecino para que esta entidad proporcione toda la documentación en su poder sobre una transferencia de 2,4 millones, en agosto, de Pujol Ferrusola a una empresa de México.
Igualmente, Ruz requiere a otras entidades con sede en Andorra que bloqueen de forma "preventiva e inmediata" cualquier cuenta a nombre de Pujol Ferrusola o su ex esposa. Finalmente, también cursa comisiones rogatorias a las autoridades del Reino Unido y Liechtenstein, para que informen sobre la titularidad de diversas empresas.