El Gobierno ha dejado muy clara este viernes su postura ante la posibilidad -apuntada esta semana en algunas informaciones- de que la Generalidad opte finalmente por no celebrar el suspendido referéndum secesionista del 9 de noviembre, pero que, en su lugar, dé su apoyo a una consulta no oficial, convocada por entidades como la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Ante este posible escenario, el recurso será de nuevo la legalidad constitucional.
Así lo ha explicado este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha advertido de que el Ejecutivo también recurriría ante el Tribunal Constitucional cualquier consulta secesionista alternativa, aunque no estuviera organizada directamente por la Generalidad.
Aviso a la Generalidad
Sáenz de Santamaría se ha dirigido al Ejecutivo autonómico para avisarle de que "debe ser consciente desde el primer momento que su actuación es contraria a la Constitución y las resoluciones de los tribunales".
La vicepresidenta ha añadido que la posición del Gobierno "no cambiará", y que esta consistirá en "firmeza serena para el cumplimiento de la ley", a la vez que en apertura "al diálogo".