El Parlamento autonómico de Cataluña ha aprobado este miércoles la designación de los miembros de la Comisión de Control del 9N -el equivalente a una junta electoral- pese a que el Tribunal Constitucional (TC) suspendió cautelarmente la Ley de Consultas. PSC, PP y C's se han negado a votar alegando que se desoye la resolución del Alto tribunal.

Antes de votar a los miembros de la Comisión, el pleno ha votado precisamente si esta designación era legal después de la suspensión del TC, lo que ha causado un intenso debate sobre si se debía seguir con el orden del día: los grupos independentistas entienden que se podía mantener porque la propuesta del Parlamento autonómico es "provisional" y no es ejecutiva hasta que el presidente de la Generalidad nombre a los miembros por decreto.

Esa es la misma tesis que han defendido los letrados de la Cámara autonómica en el informe sobre este debate que les encargaron PSC y PP, y que han hecho llegar a los grupos a primera hora de este miércoles: el documento considera que el debate se podía hacer porque no tiene "plenos efectos" y depende de la firma de Mas.

PSC, PP y C's rechazan votar

En cambio, PSC, PP y C's han votado en contra de que se debatiese la norma al entender que supone saltarse la suspensión cautelar de la Ley de Consultas, por lo que han rechazado participar en la votación de los miembros y han alertado de las consecuencias legales que podría acarrear.

Aunque ninguno de los tres grupos ha votado la designación, su forma de protestar ha sido distinta: mientras los diputados autonómicos socialistas se han limitado a no pulsar ningún botón, los del PP han optado por levantar las manos desde su escaño para evidenciar que no votaban y los de C's han abandonado el hemiciclo.

El nombramiento podrá ser delictivo

El portavoz del PP, Enric Millo, y el líder de C's, Albert Rivera, han alertado a los diputados autonómicos de que con su voto pueden incurrir en algún delito porque el acto podría conllevar consecuencias legales al ignorar, desde un cargo público, la democracia y el Estado de derecho.

En la misma línea, el secretario tercero de la Mesa del Parlament, Pere Calbó (PP), ha pedido la palabra para advertir de que él no firmará el acuerdo del Parlamento autonómico por ser ilegal y por las consecuencias que pueda conllevar.

CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP han criticado las "amenazas" sobre las consecuencias de esta votación, y se han mostrado convencidos de que es un acto legal, porque la suspensión de la Ley de Consultas es provisional y no supone una sentencia definitiva.

Funciones similares a las de una junta electoral

Los siete miembros de la Comisión de Control -la ley establece que deben ser juristas y politólogos de reconocido prestigio- son: Mercè Barceló i Serramalera; Joaquim Brugué Torruella; Alfons González Bondia; Miquel Martin Casals; Marc Marsal Ferret; Jordi Matas Dalmases, y Benet Salellas Vilar.

Las funciones de este organismo son equiparables a los de una Junta Electoral, y consisten en velar por que las consultas populares no refrendarias se ajusten a los principios, reglas y requisitos que establece la Ley de Consultas, y que se lleven a cabo respetando el procedimiento y las reglas específicas de cada votación.

Velar por el funcionamiento de las consultas

La Comisión, regulada en el artículo 14 de la Ley de Consultas, debe actuar con plena autonomía e independencia, y su composición -en la que debe haber mayoría de juristas- debe ser aprobada por una mayoría de tres quintas partes del Parlamento autonómico -81 diputados- y renovada cada vez que empiece una legislatura.

Entre sus funciones están coordinar las comisiones de seguimiento de las consultas no refrendarias -siete, en el caso del referéndum del 9 de noviembre-; supervisar las actuaciones de la Administración; declarar el resultado de las consultas, y velar por las garantías de los períodos de difusión institucional de las consultas.

En el caso del 9 de noviembre, el decreto de convocatoria establece en su anexo que los miembros de la Comisión cobrarán por su trabajo durante el proceso de la consulta: 3.400 euros el presidente -que elegirán de entre uno de ellos los mismos miembros del organismo-; 3.200 el secretario, y 2.100 euros los vocales.