Política
Fitch: los inversores internacionales rechazan la deuda de la Generalidad por la tensión generada con el referéndum
La agencia de calificación crediticia pone en "vigilancia negativa" la deuda de la Generalidad tras el desafío secesionista de Mas. Recuerda que su financiación depende del Gobierno. Advierte de que podría degradarla a 'bono basura' si sigue la tensión.
30 septiembre, 2014 06:07Fitch ha situado el rating de la deuda de la Generalidad y del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) en "vigilancia negativa" con previsión de una caída de hasta dos escalones. La agencia de calificación crediticia lo justifica por las "tensiones" que mantiene el Ejecutivo autonómico con el Gobierno a costa de la convocatoria "unilateral" del referéndum secesionista.
En un comunicado publicado este lunes, Fitch recuerda que fijó un suelo de BBB- (un escalón por encima del 'bono basura') para todas las CCAA debido a que estas reciben el apoyo del Gobierno para financiarse a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
Es "improbable" que los inversores compren deuda de la Generalidad
Sin embargo, considera que este suelo podría tener que modificarse para el caso de la Generalidad porque "está sujeto a la relación de cooperación entre las CCAA y el Gobierno", algo que que ve "difícil en el caso de Cataluña bajo las actuales circunstancias".
Fitch indica que la Generalidad "necesitará fondos adicionales del FLA en 2015" y que "debido a las dificultades para acceder a los mercados internacionales de capitales, la región probablemente seguirá siendo muy dependiente de los fondos del FLA".
"Es improbable que los inversores internacionales compren bonos emitidos por el Gobierno autonómico dada la incertidumbre política actual", advierte.
Seguimiento detallado de la evolución durante los próximos meses
Fitch considera que, aunque espera que el Gobierno siga dando apoyo financiero a la Generalidad, es probable que "las tensiones aumenten, especialmente en el período previo" al 9N.
Por todo ello, la agencia crediticia anuncia que controlará la evolución de la situación para evaluar de nuevo la deuda de la Generalidad en un período de entre tres y seis meses.