El Gobierno ha reaccionado con celeridad a la nueva escalada del desafío independentista y ha formalizado este lunes a mediodía la presentación de los dos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria de la consulta secesionista de Artur Mas para el 9 de noviembre. Una respuesta que ha venido acompañada de una muestra de firmeza, pero a la vez de ofrecimiento para el diálogo, por parte del Ejecutivo.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido en La Moncloa, al término del Consejo de Ministros extraordinario y ha manifestado que ambas disposiciones "atentan gravemente contra la Constitución y contra los derechos de todos los españoles". "La consulta que se pretende llevar a cabo ni por su objeto ni por el procedimiento seguido es compatible con la Constitución española", ha dejado claro Rajoy.

Rajoy se ha mostrado contundente en su afirmación de que una parte del territorio "no puede tomar decisiones sobre todos", y ha calificado de "falso" que el derecho a votar y a decidir pueda atribuírselo unilateralmente una comunidad. "No hay nadie ni nada que pueda romper el principio de unidad indivisible del Estado y privar a todos de decidir lo que es su país", ha añadido.

"Siempre dijimos que esa consulta no se iba a celebrar porque atenta directamente contra la Constitución, venimos insistiendo en ese mismo argumento todas y cada una de las veces en que se ha planteado ese asunto, y hoy cumplimos nuestra obligación de interponer un recurso contra una decisión que atenta gravemente contra los derechos de todos los españoles."

En esta misma línea, Rajoy ha recordado que el texto constitucional "se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española" y que "cualquier intento de disolverla es radicalmente contrario a la Constitución". "Ciertamente la Constitución es reformable, pero la consulta pretendida no encaja en modo alguno en los procedimientos que la propia Constitución establece para su reforma", ha añadido el presidente del Gobierno.

Puede haber diálogo pero dentro de la ley

A pesar de la dureza del tono y de los argumentos de Rajoy, este también ha querido mostrar una mano tendida a la Generalidad, ofreciéndose para el "diálogo", y aclarando que -si Mas cesa en su desafío rupturista- aun es posible "enderezar el rumbo".

Así, Rajoy ha proseguido insistiendo que el Gobierno no puede hacer otra cosa que "defender y proteger" la Constitución aprobada por todos. "Todo el diálogo dentro de la ley pero nada fuera de la ley", ha insistido.

En el tiempo de preguntas, el presidente ha sentenciado que "aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo, pero con la condición inexcusable de respetar la legalidad en toda su integridad".

Política de "hechos consumados"

A la vez, ha remarcado que el Gobierno "ha mantenido permanentemente abierto un diálogo con el Gobierno de la Generalidad". Pero ha acusado a esta y a Mas de venir aplicando "una política de hechos consumados que ha desplegado sin pausa". "Pretende que el Gobierno se vea forzado a encontrar una solución a decisiones unilaterales imposibles de compartir", ha lamentado.

"He estado dispuesto a negociar desde el primer día, pero nunca ha existido una posibilidad real porque primero se han tomado decisiones desde la Generalitat y luego se ha pretendido que el Gobierno de España no solo las aceptase, sino que encontrase además las vías políticas y legales para llevarlas a cabo", ha indicado Rajoy.

"Cuando una parte actúa en contra del marco legal y de los intereses del conjunto", ha continuado Rajoy, señalando a la Generalidad y a Artur Mas, "no puede ser la obligación del Gobierno encontrar un punto intermedio de acuerdo", ha razonado.