CiU, ERC e ICV-EUiA 'encuentran' un censo para la consulta secesionista del 9N

CiU, ERC e ICV-EUiA creen haber encontrado la solución al problema de qué censo utilizar en la consulta para la secesión de Cataluña que promueven de cara al próximo 9 de noviembre: el Registro de Población de Cataluña.

Así lo han explicado este viernes los ponentes de estas formaciones que están elaborando la Ley de consultas populares no refrendarias, una normativa que pretenden utilizar para dar cobertura legal a la consulta rupturista, pese a que todo apunta que, bien la ley o bien la convocatoria de la consulta, será recurrida ante el Tribunal Constitucional y, probablemente, suspendida.

Recopilación de los datos de los padrones municipales

El Registro de Población de Cataluña, gestionado por el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) -órgano dependiente de la Generalidad- contiene la suma de los datos que figuran en los padrones municipales y se va actualizando periódicamente.

Los partidos secesionistas y soberanistas consideran que, utilizando este registro, salvarán el escollo que supone la imposibilidad legal de utilizar el censo electoral en las consultas populares, puesto que está reservado únicamente para las elecciones y los referéndums. Además, de esta forma no tendrían que pedir a los ayuntamientos que entreguen a la Generalidad el padrón municipal de forma específica para la consulta del 9 de noviembre, algo a lo que algunos alcaldes ya han anunciado que se negarán por ser ilegal.

Registros de catalanes en el extranjero y extranjeros en Cataluña

Además del Registro de Población de Cataluña, CiU, ERC e ICV-EUiA prevén utilizar otros dos registros: el de extranjeros residentes en Cataluña y el de catalanes residentes en el extranjero, en el que ya está trabajando la Generalidad.

En este último caso, las formaciones secesionistas y soberanistas están discutiendo cuánto tiempo de residencia deberán acreditar los extranjeros para poder inscribirse en el censo. CiU propone exigir un año para los comunitarios y tres para los extracomunitarios, mientras que ICV-EUiA pretende rebajar esos plazos.

Donde sí hay un acuerdo más amplio -en el que se incluyen PSC y PP- es en que puedan votar en las consultas populares no refrendarias los mayores de 16 años y los catalanes que residan fuera de la Comunidad.