Investigan a un alto cargo de Mas por la presunta adjudicación irregular de un contrato millonario

La Generalidad ha denunciado a la Agencia Catalana del Agua por una presunta adjudicación irregular de servicios de asesoría y consultoría por valor de 7,6 millones de euros a una Unión Temporal de Empresas (UTE) cuyo representante era, a la sazón, un gerente de la entidad pública.

Según ha informado este viernes El Periódico, el Ejecutivo autonómico argumenta que en 2008 el entonces gerente del ACA, Joan Lluís Quer, quien actualmente preside la empresa pública Infraestructuras de la Generalidad de Cataluña, redactó un programa de medidas y un plan de gestión del distrito de la cuenca fluvial de esta Comunidad de acuerdo con los intereses de la UTE formada por Auditoría e Ingeniería, United Research Services España y Artenginy, cuyo representante era el propio Quer.

El contrato adjudicado supuestamente a dedo por el entonces director del ACA, Manuel Hernández, fue cifrado inicialmente en 3,7 millones de euros, aunque más tarde se autorizaron hasta 38 expedientes más de actuaciones complementarias que elevaron el coste final a 7,6 millones.

200.000 euros por una fotocopia

La Fiscalía Superior de Cataluña ha confirmado, según fuentes recogidas por Efe, la denuncia remitida por la Generalidad -que conocía estas presuntas irregularidades desde hace un año-, si bien todavía no se han abierto diligencias. La Sindicatura de Cuentas, por su parte, también aprecia "hechos perseguibles administrativa y judicialmente".

En concreto, el órgano fiscalizador de la Generalidad ha señalado que alrededor del 80% de los criterios de selección "dependen de juicios de valor" y que "los documentos acreditan que hubo reuniones de coordinación" entre el personal de la ACA y la UTE citadas "en fechas anteriores a la fecha de aprobación de los pliegos".

Las presuntas irregularidades fueron detectadas por la propia ACA a raíz de dos informes, cuando la UTE reclamó la recepción de sus trabajos para recuperar la garantía y cobrar el 5% de la factura pendiente. Por uno de estos dos documentos, el organismo de la Generalidad había pagado 200.000 euros, aun cuando el contenido del texto, de apenas tres páginas, no tenía nada que ver con el asunto: se trataba de una fotocopia de fichas elaboradas por la Agencia del Agua de instalaciones hidráulicas.