El Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona apunta a Unió Democràtica de Catalunya (UDC) como presunta beneficiaria de una trama delictiva en la que se desviaba dinero de la Fundació Catalunya i Territori -afín al partido que lidera Duran i Lleida- al grupo empresarial IMS, regentado a su vez por miembros de la propia fundación. Tras cuatro años de investigación, el juez da por concluidas las pesquisas y sostiene que hay indicios suficientes para que se sienten en el banquillo ex cargos del partido democristiano -entre ellos, el ex gerente de la formación, José María Núñez- acusados de estafa, apropiación indebida, administración desleal, insolvencia punible, falsedad y simulación de negocios.

Según el auto, que recoge este martes el diario El Mundo, junto con Núñez, dos de los empresarios de IMS imputados -Joan Albert López y Miguel Ángel Cortés, al mismo tiempo vocales en la junta de la fundación de UDC-, "conjunta y concertadamente procedieron a desviar fondos" de Catalunya i Territori para "saldar las deudas que Unió había contraído" con la empresa Kontrast Produccions, a la sazón integrante del grupo IMS, S.L..

Dicha empresa había prestado servicios a UDC en la organización de congresos, reuniones y jornadas. Según el juez, desde 2005 y "en beneficio de UDC", los dos vocales de la fundación, en su calidad de empresarios de IMS, "renunciaron a cobrar los alquileres de los inmuebles" que eran propiedad de Catalunya i Territori y que la formación democristiana tenía alquilados, lo cual, según el magistrado, puede suponer a su vez delitos de administración desleal y agravación dolosa de la insolvencia.

Núñez daba las instrucciones 

Cinco locales más, que albergaban sedes del partido en Tárrega, Lérida y Tarragona, fueron vendidos a UDC a un precio "a todas luces sensiblemente inferior del mercado", según la querella de la fiscalía que dio lugar a las investigaciones.

En 2010, cuando empezó la instrucción, Josep Boqué —quien fue director general de Consumo en los 90 durante el liderazgo de CiU en el Gobierno de la Generalidad-, negó haber otorgado facilidades o ventajas y pretextó que la gestión había sido delegada en los vocales López y Cortés.

Pero según declaró ante el juez el administrador de IMS, el ex gerente de UDC, José María Núñez, le había dado instrucciones para que las facturas pendientes de cobro no fueran a parar al partido, sino a la fundación o a otras sociedades del grupo. Con esta maniobra, se estima que la formación democristiana llegó a ahorrarse cerca de 370.000 euros, según indica el diario El País.

UDC, presunto responsable civil 

Durante la investigación, el juez citó como presunto responsable civil "a título lucrativo" a Unió. Dicha figura jurídica prevé que quien se haya podido lucrar de un delito que no ha cometido pueda devolver el dinero. Si bien el auto no explicita si esta condición se mantiene, lo cierto es que, según fuentes judiciales, el partido ha devuelto 195.000 euros en razón de los alquileres pendientes y de parte del pago de los locales que no se había hecho efectivo.

Pero la trama no se agota aquí, puesto que el expolio del think tank de UDC no se produjo en una sola dirección. En efecto, el juez señala que el ex presidente Boqué y los vocales López y Cortés -los administradores del grupo IMS antecitados- habían desviado 1,8 millones de euros de la fundación entre 2004 y 2007 a favor del grupo empresarial.

Según destaca el magistrado, IMS recibió de Catalunya i Territori más de 600.000 euros por servicios que nunca prestó. "Se desconoce el destino de esos fondos", indica el auto, a lo que el fiscal añade que la mayor parte de ese dinero pudo sacarse en efectivo cuando llegaba a IMS mediante transferencias bancarias que no han podido rastrearse.

Simulación de negocios en África 

El resto del importe desviado, 1.183.472 euros, en apariencia destinados a un préstamo a la constructora Copisa para un trabajo en África, responde en realidad, según el juez, a "un intento de dar cobertura legal a la mayor parte de los fondos" extraídos, lo cual supondría un delito de simulación de negocio por un trabajo que, presuntamente, no se realizó.

Al mismo tiempo, los responsables del grupo IMS están siendo investigados por presunta estafa a varias entidades bancarias, mediante la emisión de facturas de uns 30 sociedades de su entramado para "descontar las mismas en las líneas y créditos abiertos". Las facturas "falsas" emitidas entre 2003 y 2007 superan los 61,2 millones de euros, aunque "parte de los descubiertos eran saldados" por otros créditos contratados.

Finalmente, el auto pide también que siga el proceso contra otros dos empresarios, en este caso de la constructura Copisa, Xavier Soriano y José Cornadó, por la presunta "simulación de negocio" en África que permitió al primero "obtener un millón de euros". El juez ha solicitado ya a las partes, fiscalía y defensas, que presenten sus escritos antes de determinar si los imputados deben sentarse en el banquillo.