El primer secretario del PSC, Pere Navarro, ha atacado este miércoles las políticas del Gobierno autonómico en materia social, que cree que están basadas en un modelo de "caridad", y no de reconocimiento de "derechos". Por eso ha pedido al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que haga "justicia social"

Navarro, en su intervención en el pleno monográfico del Parlamento autonómico contra la pobreza, ha apostado por "redistribuir" la riqueza. Con dos finalidades. Por un lado, "por justicia social, devolviendo poder adquisitivo a la gente que ahora no tiene". Por el otro, para "reactivar nuestra economía", según ha explicado.

El líder socialista ha acusado a Mas de intentar "esconder la realidad con la bandera", y ha expresado que Cataluña necesita un presidente y un gobierno autonómico "que se pongan delante del compromiso social para salir de esta crisis". Una crisis que, según ha alertado, hace que casi el 40% de los catalanes no puedan afrontar gastos imprevistos, que el 15% no sea capaz de pagar recibos sin atrasos, y que el 13% no pueda mantener su casa caliente.

En esta línea, Navarro ha atacado a Mas porque considera que su modelo es de "caridad, y no derechos". El líder de los socialistas catalanes ha recordado que esta es la diferencia fundamental entre la derecha y la izquierda, como también ha recordado que CiU ha apoyado al Gobierno del PP en la mayor parte de medidas de austeridad que ha aplicado. Para Navarro, CiU y PP "comparten un modelo ideológico que es nefasto en época de crisis, que deja sin protección a aquellos que más lo necesitan, con consecuencias nefastas".

Las propuestas

Navarro no se ha limitado a criticar, sino que también ha propuesto medidas concretas, un "plan de choque" con tres grandes líneas de actuación que los socialistas consideran urgentes. En primer lugar, aumentar las partidas para protección de los menores en situación de vulnerabilidad extrema, y garantizar que habrá becas comedor para todo el que las necesite.

En segundo lugar, una prestación para los suministros básicos, agua, luz y gas, para personas o familias con ingresos por debajo de lo que marca el indicador de la Renta de Suficiencia, que son 569 euros al mes, corregido por el número de personas del hogar.

En tercer lugar, Navarro ha exigido una reforma de la Renta Mínima de Inserción que garantice que aquellas personas desocupadas que hayan agotado todas las prestaciones y lo puedan acreditar sigan recibiendo unos ingresos mínimos.