La jueza del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza civil de 29.568.129 euros a la ex ministra y ex consejera de la Junta de Andalucía Magdalena Álvarez, por haber promovido el "procedimiento ilegal de ayudas sociolaborales" que se concedieron entre los años 2000 y 2011.
Alaya la considera artífice, "en connviencia con otros", de la presunta red corrupta alrededor del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía dedicada a otorgar irregularmente dinero público destinado inicialmente a subvencionar prejubilaciones forzosas en empresas obligadas a presentar un ERE.
La cifra estipulada la extrae la jueza ponderando, grosso modo, las ayudas concedidas a lo largo de la endécada a partir de los datos recogidos hasta el 31 de diciembre de 2003, habida cuenta de que la ex titular autonómica de Economía y Hacienda dejó su cargo en febrero de 2004.
Posible delito de prevaricación y malversación
La jueza también ha fijado una fianza de 22.176.096 euros para quien fuera el número dos de Álvarez en su departamento, José Salgueiro, y otra fianza de 8.870.438 euros para el que fue secretario general técnico de la Consejería de Economía y Hacienda durante el mismo periodo, Antonio Estepa Giménez.
El auto indica asimismo que los hechos investigados pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación y de malversación de fondos públicos, y razona que las fianzas se han calculado siguiendo el "principio de proporcionalidad" en su triple vertiente de "gravedad, necesariedad e idoneidad".
El objetivo del auto, según la jueza, no es otro que la devolución "en la medida de lo posible del dinero que de manera indiciariamente ilícita ha salido del erario de la Junta". Del mismo modo añade que "este uso ilegal de fondos públicos se permitía por los inculpados, a sabiendas de que en virtud de dicho procedimiento la concesión de subvenciones sociolaborales necesariamente se realizaría con absoluta discrecionalidad, y de forma totalmente opaca, incumpliendo los más elementales principios de actuación de la Administración".
Contra el ordenamiento
Como muestra de tales incumplimientos, el auto señala que en 2000 y 2001 "se optaría por actuar al margen de la Ley de Presupuestos" sirviéndose de modificaciones presupuestarias, un total de siete, que supusieron 93 millones de euros.
Tras esos "dos años de andadura" se introdujo esa partida de las transferencias de financiación en el Presupuesto, para lo cual "se aprovecharía la complejidad del lenguaje presupuestario, pues la clasificación económica del gasto por artículos y subconceptos sólo es accesible a expertos".
"En virtud de los compromisos", prosigue el auto, "cada vez más numerosos, asumidos por la Consejería de Empleo al margen de la ley, lo cual podía generar menoscabo de los fondos públicos, los imputados a través del desempeño de sus cargos en la Consejería de Economía y Hacienda contribuirían a alimentar la ilícita partida con la tramitación de nuevas modificaciones presupuestarias", que en 2002 fueron cinco modificaciones que en total ascendieron a 32,19 millones de euros.