El Gobierno de la Generalidad ha aprobado este martes un proyecto de ley que, una vez validado al Parlamento autonómico, permitirá crear tres nuevos impuestos a actividades contaminantes y, según cálculos del Ejecutivo, recaudar 50 millones extra. Estos impuestos ecológicos van en la línea de las exigencias que había hecho ERC a CiU tanto a la hora de cerrar su alianza al inicio de la legislatura como para apoyar los presupuestos de 2014.
En concreto, los nuevos impuestos grabarán tres tipos de actividades industriales: las emisiones de los aviones comerciales -quedan exentas las aeronaves de uso sanitario o que prestan un servicio público- en el momento del despegue y el aterrizaje, las emisiones de determinadas instalaciones industriales y de combustión, y la producción de energía eléctrica en centrales nucleares.
Este último impuesto sumará la parte del león de la recaudación extra prevista, 43,2 millones de euros anuales. Por el impuesto a los aviones que vuelen en Cataluña, se prevé ingresar 3,9 millones, y por las emisiones contaminantes industriales, 2,1. En total, 49,2 millones, de los cuales hay que descontar lo que ahora se recauda con el impuesto de protección civil a las nucleares, que dejará de aplicarse para no incurrir en una doble imposición por el mismo concepto.
Si, como está previsto, superan el trámite parlamentario, las nuevas tasas entrarían en vigor en julio de este año, por lo cual no tendrán un impacto pleno en la recaudación hasta el ejercicio 2015.
Homs minimiza el afán recaudatorio de la medida
El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno autonómico, Francesc Homs, en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo en el que se ha aprobado el proyecto de ley, ha asegurado que el objetivo de la medida no es tanto recaudar como seguir las recomendaciones de la UE en materia mediambiantal. "Estamos en la buena línea de las buenas prácticas europeas", ha proclamado.
A pesar de las palabras de Homs, estos tres impuestos se habían presentado, desde su génesis, en clave claramente económica. Especialmente, por parte de ERC, aliados externos del Gobierno de CiU, y auténticos impulsores de la medida.
Así, ya en pasado mes de noviembre, cuando el Parlamento autonómico aprobó la memoria preliminar que ha servido para elaborar el proyecto de ley, ERC le dio un apoyo incondicional. No sólo esto, sino que la formación independentista subrayó que estos impuestos se recogían pacto de gobernabilidad firmado con CiU hace un año, y que representaban "un paso más para tratar de recortar los recortes sociales".
El origen, el pacto CiU-ERC
El acuerdo CiU-ERC, en efecto, recogía casi palabra por palabra los impuestos aprobados hoy. En concreto, pedía la "implementación de nuevas vías de imposición ambiental, como las que graban la emisión de gases contaminantes (emisión de gases en el despegue de aviones), o bien la producción de residuos nucleares, mediante la modificación del gravamen de protección civil sobre las nucleares".
En aquel documento, se pedía también establecer un impuesto a los depósitos bancarios -una exigencia de ERC a CiU que el Gobierno de Artur Mas aprobó incluso antes de la toma de posesión-, y volver a modificar al alza los impuestos de Sucesiones -en marcha-, Patrimoni y Transmisiones Patrimoniales. También pedía instaurar la euroviñeta, un impuesto a los camiones a su paso por Cataluña.
Todos estos aumentos de tasas han sido defendidos -y reivindicados- por ERC desde el primer momento, con el argumento de que el aumento de la recaudación que comportan permitiría reducir el impacto de los recortes.