Agbar exige judicialmente a la Generalidad la gestión de Aguas Ter-Llobregat

Nuevo capítulo en el culebrón de la polémica privatización de la gestión de Aguas Ter-Llobregat (ATLL). Aguas de Barcelona (Agbar) ha presentado un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) -al que ha tenido acceso CRÓNICA GLOBAL- en el que pide la ejecución inmediata de la sentencia de marzo del año pasado que no concedía a la Generalidad la suspensión cautelar de una resolución anterior que anulaba la adjudicación de ATLL a Acciona.

Agbar, la compañía que quedó en segunda posición en la polémica adjudicación ganada por Acciona ahora hace un año -y que fue anulada por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), que depende de la propia Generalidad-, exige que la ejecución se haga en 10 días habiles, y no descarta pedir también una indemnización.

Esta posible indemnización podría sumarse a otra: la que -según ya se publicó en octubre- la Generalidad corre el riesgo de tener que pagar a Acciona si se revoca la adjudicación, y que podría ascender al 10% del total del importe de la concesión, es decir, unos 100 millones de euros.

Una adjudicación polémica

La adjudicación de ATLL a Acciona fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el mes de marzo, dando la razón a una decisión anterior de la OARCC que, a su vez, admitía un recurso de Agbar.

En julio del año pasado, el mismo TSJC desestimaba un recurso de la Generalidad, que no se dio por vencida y volvió a recurrir. La pelota caía entonces en el tejado del Tribunal Supremo, que tiene que resolver ahora los recursos de casación presentados por Acciona y por la Generalidad respecto a las medidas cautelares, que ahora Agbar reclama que se ejecuten.

En este sentido, el escrito de Agbar recuerda que el OARCC no puede ordenar ejecutar sus decisiones, por lo cual tiene que intervenir la justicia. La empresa añade que, desde la sentencia de julio de 2013, ya ha transcurrido un periodo de tiempo razonable. Finalmente, Agbar estudia recurrir a la Comisión Europea, entendiendo que la Generalidad podría estar vulnerando el derecho comunitario.