Cuentan en el PP que si Mariano Rajoy autorizó la aprobación del proyecto de reforma del aborto, que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría llevaba un año retrasando, es porque Alberto Ruiz Gallardón le convenció de que las modificaciones que se introducían a la ley de Zapatero eran "progresistas" y no les perjudicarían electoralmente. No parece que la vicepresidenta se lo creyera demasiado, porque colocó a regañadientes la reforma en el Consejo de Ministros del 20 de diciembre con la intención de que la inminencia de las fiestas navideñas permitiera que pasara con poca publicidad y menos polémica.
A Sáenz de Santamaría la reforma nunca le gustó. Porque, al parecer, no compartía buena parte de su contenido, pero también porque no encontraba oportuno -"con la que está cayendo"- abrir un nuevo frente de crítica al Gobierno en una cuestión que solo reclamaban la Iglesia Católica y un sector minoritario del electorado popular.
Pero ni la vicepresidenta, ni el presidente, ni el ministro de Justicia imaginaban que esa reforma fuera a provocar la rebelión interna de sus barones, desde Galicia a Extremadura, desde Cantabria a Murcia, pasando por Castilla y León, cuyo presidente, Juan Vicente Herrera, un católico de Burgos siempre prudente, también aconsejó aparcarla al menos hasta que se conozca la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra la ley de plazos de Zapatero.
La revuelta estalla en un asunto imprevisto
La reacción de los barones ha sorprendido a la dirección del PP y al propio Ejecutivo. Porque en lo que va de legislatura, los presidentes y dirigentes autonómicos han asumido sin rechistar -o simplemente musitando algunas quejas- la subida de impuestos, los recortes en educación y en sanidad que les toca a ellos gestionar, los escándalos de corrupción de la Gürtel y del ex tesorero Bárcenas, que les han sumido en la vergüenza y el desánimo, e incluso los tajos a la financiación autonómica, que les han obligado a hacer malabares con las cuentas públicas.
Sin embargo, la revuelta ha estallado en un asunto imprevisto. Quizás porque es la gota que ha desbordado el vaso o tal vez porque la mayoría del PP y sus votantes son más modernos y están más homologados con los partidos conservadores europeos que algunos de sus líderes. Lo que está claro es que los barones han saltado porque ven crujir sus expectativas electorales, y si lo entienden así es porque se han dado cuenta de que la reforma del aborto, especialmente la prohibición de interrumpir el embarazo en casos de malformaciones graves del feto, ha levantado ampollas también en sus bases y entre sus votantes.
Es lógico, por tanto, que los primeros en reaccionar contra la reforma hayan sido la alcaldesa de Zamora, Rosa María Valdeón, y el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, los dos médicos, y el vallisoletano además ginecólogo, que además de su opinión profesional contraria a la reforma, conocen bien el sentir de las mujeres sobre el aborto.
Pesimismo entre los críticos
El coro contra el proyecto de Gallardón lo han completado la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que dijo preferir la ley de plazos, y los presidentes autonómicos de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; Extremadura, José Antonio Monago; Cantabria, Ignacio de Diego; Castilla y León, Juan Vicente Herrera, o la vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Celia Villalobos, entre otros. Por eso Rajoy le pidió a Gallardón que hable con los barones para consensuar la reforma y a los líderes territoriales que se callen y hablen solo de economía. Hasta el momento no le han hecho mucho caso, porque Núñez Feijóo y De Diego, sin ir más lejos, siguen expresando su opinión sobre el asunto.
En público hablan de la necesidad de alcanzar el consenso de la ley del aborto del 85, la que aprobó el Gobierno de Felipe González, con toda la derecha en contra. Pero en privado, consideran la reforma "innecesaria, inoportuna y que le da además un balón de oxígeno a un PSOE asfixiado". Algunos se atreven incluso a asegurar que Gallardón "siempre ha sido un carca, aunque les cayera tan bien a los progres".
Estos críticos son pesimistas. "El proyecto no se podrá modificar mucho, no habrá consenso con la oposición y aunque se introduzcan cambios seguirá siendo una ley insuficiente", señalan. La opinión dominante entre los que se oponen a la reforma es que lo mejor hubiera sido no haberla aprobado en el Consejo de Ministros, porque una vez hecho no le ven marcha atrás. Los más optimistas piensan que se podrían buscar estratagemas para ralentizar los trámites parlamentarios y tratar de que el proyecto decaiga con la convocatoria de las próximas elecciones. Pero para los comicios generales faltan más de dos años. Por eso, hay quien confía en que Rajoy opte por pararla, asumiendo la recomendación de Herrera, esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional.