El Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell (Barcelona) ha aumentado la imputación contra cinco miembros del sindicato de los Mossos d'Esquadra SAP-UGT por presuntos delitos de estafa y contra la Hacienda Pública, después de que hayan sido investigados por haber comprado presuntamente votos por correo para las elecciones sindicales de 2011.
El abogado del SPC -sindicato que rivaliza con el SAP-UGT y que presentó la querella que dio comienzo al caso-, Javier Aranda, ha atribuido a los imputados, además del presunto fraude en las citadas elecciones, un delito de estafa por haber incurrido presuntamente en un "engaño" con el objeto de conseguir beneficios y contra la Hacienda Pública, por haberse agenciado supuestamente en este caso dinero público a través de los liberados sindicales.
Según informa Europa Press, fuentes del sindicato han asegurado que esta ampliación de la imputación no puede caber en el caso, puesto que, según han argumentado, de hecho "no hay caso": la investigación que abrió el Tribunal de Cuentas ya ha sido archivada y "no ha habido ninguna irregularidad", sostienen.
"A cambio de un 'kit' de 60 euros"
Las mismas fuentes han afirmado que la denuncia del SPC sólo ha tenido recorrido en este juzgado de Sabadell, después de que varios juzgados de Cataluña ya la hayan archivado en primera y segunda instancia. De hecho, desde el SAP-UGT han considerado que el SPC ha presentado la querella contra ellos "para justificar la pérdida de las elecciones".
En cualquier caso, los cinco sindicalistas del SAP-UGT están citados este martes en el juzgado. Según denunció el SPC en su momento, durante el período de elecciones sindicales en julio de 2011 varios agentes de la policía autonómica solicitaron el voto por correo, pese a que podían votar en persona, a cambio de un 'kit' valorado en 60 euros con una navaja, una llave de esposas, una funda de pistola, una herramienta para cortar cinturones de seguridad y una linterna.
Una vez contaban la documentación para emitir el voto por correo, supuestamente se la entregaban al sindicato para que votara por ellos. El SPC denunció entonces que al menos 5.500 personas habían pedido votar de este modo.