El Consejo de Garantías ve ilegal la nueva tasa para reclamaciones

El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), el órgano consultivo que dictamina si las leyes que debate el Parlamento autonómico se ajustan a la Constitución y al Estatuto, ha decidido que este no es el caso del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público, que acompaña a los presupuestos de la Generalitat de 2014. El CGE considera que la ley es ilegal en tres puntos concretos de su largo articulado. El recurso al CGE fue presentado por el grupo del PP en el Parlamento autonómico.

En primer lugar, el CGE no considera válido el artículo 40, que prevé la introducción de una tasa única de 100 euros que tienen que pagar las empresas por cada reclamación contra ellas, a partir de la que haga el número 31 en un año natural, que tramite la Agencia Catalana de Consumo.

El espíritu del proyecto de ley es hacer pagar a las empresas el coste de la tramitación de un servicio que, de hecho, tendrían que prestar ellas mismas. Pero el CGE aprecia que las empresas ya están legalmente obligadas a atender las reclamaciones. Además, y sobre todo, el CGE cree que la norma vulnera el artículo 7 de la Ley orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA).

Una tasa única, independientemente del resultado de la reclamación

Según los dictamen del CGE, el punto del proyecto de ley que establece que esta tasa de 100 euros "se acredita con independencia del resultado de la reclamación y de los mecanismos que finalmente se utilicen para intentar la resolución", no se aviene con el hecho de que "la finalidad perseguida por estas reclamaciones sea su tramitación mediante sistemas de resolución extrajudicial de conflictos de consumo (mediación o arbitraje), que, cómo hemos puesto de manifiesto, sólo se pueden llevar a cabo si las partes se han sometido voluntariamente a él".

En este sentido, este artículo del proyecto de ley de medidas fiscales "no respeta el presupuesto de hecho de la imposición de la tasa exigido por el artículo 7 LOFCA y por la legislación subsidiaria", según el CGE.

El Consejo de Garantías también ve problemas en la prohibición del fracking, un polémico método para la extracción de gas natural y petróleo consistente en inyectar en el subsuelo agua a presión. El CGE avisa de que esta prohibición se tiene que adaptar a la legislación nacional.

Finalmente, el nuevo gravamen del canon del agua que contempla el proyecto de ley se tiene que reformular "en el sentido de que el acuerdo de Gobierno adopte la forma de disposición reglamentaria", según indica el CGE.