La vicepresidenta de la Generalidad y consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales, Joana Ortega (CiU), ha recordado este viernes que la maquinaria para poner en marcha un referéndum secesionista ya ha sido activada y que, ahora, "estamos trabajando" en un censo electoral al margen del censo elaborado por el Gobierno, que es quien tiene competencias exclusivas para ello.

"Hemos dado un paso adelante y todo el mundo ha cedido para que el pueblo pueda votar", ha declamado Ortega en una entrevista para TV3, donde ha confirmado que ya cuentan con un equipo trabajando "desde hace tiempo" para la celebración de una consulta y para la elaboración de un censo de votantes. La fórmula, crear un "registro de participantes", que se incluiría en la proyectada Ley de Consultas que actualmente tramita el Parlamento autonómico, y que se completaría mediante la autorización de los eventuales electores para permitir que se incorporen sus nombres y apellidos en ese nuevo censo.

De este modo, se confirma en cualquier caso que existe un "equipo de procesos electorales", que ya se habría reforzado el año pasado, integrado por 20 personas -lo normal en los procesos electorales es contar con cinco técnicos en Cataluña-. Este viernes Ortega ha confesado que ese mismo equipo ya viajó con ella a Quebec, y que ahora se encuentra en Ginebra para ver "cómo trabajan allí los referéndums".

"Necesitamos un censo propio"

"Desde la logística, el desarrollo de una consulta, los preparativos técnicos... necesitamos las urnas, los sobres, pero también un censo propio", ha asegurado. "Si no contamos con la colaboración del Estado hay una serie de instrumentos que todavía no tenemos y que en función del marco legal tendremos que desarrollar", ha advertido.

La número dos del Gobierno autonómico ha indicado la importancia de elaborar un censo para conseguir "una gran participación". "Los catalanes que están fuera tienen unas grandes ganas de participar", ha augurado, "y trabajamos para buscar vías que permitan la participación de los catalanes fuera de Cataluña".

Ortega ya había anticipado que, en caso de que el Gobierno se opusiera a la eventual consulta y rehusara poner a disposición de la Generalidad las infraestructuras necesarias para ello, esta seguiría adelante con "el proceso" de cualquier modo. De hecho, los presupuestos de 2014 de la Generalidad ya recogen un partida de 5 millones de euros ampliables a 15 millones para estos usos.

"Rajoy tiene un problema"

La vicepresidenta de la Generalidad también le ha dedicado algunos comentarios al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (PP), quien al poco de conocer el enunciado de "las preguntas" ya advirtió de que no se celebraría ningún referéndum rupturista en España. "Rajoy tiene un problema, está enfadado con todos los catalanes", ha concluido Ortega, quien ha lamentado que, a sus ojos, Rajoy "se cierra en hacer una lectura restrictiva de la Constitución".

Con todo, confía en que la opción del diálogo con el Gobierno sigue estando en el horizonte. Así, sostiene que la fecha prevista del 9 de noviembre de 2014 "nos permite un espacio de tiempo bastante dilatado y largo como para poder seguir negociando con Madrid y al mismo tiempo tener dispuesta toda la logística para hacer una consulta con todas las garantías".

"Garantías" que, en todo caso, blindan, a juicio de Ortega, la autonomía de la Generalidad ante la hipotética aplicación del artículo 155 de la Constitución: "Tanto valor constitucional tiene la indivisibilidad del Estado como el respeto al derecho de las Autonomías". Aún así, declara que tiene que "confiar en los tribunales pero no puedo esconder que el Tribunal Constitucional está muy marcado políticamente".