CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP han registrado en el Parlamento autonómico, este viernes, la petición para que el Congreso delegue en la Generalidad la posibilidad de que esta administración pueda convocar un "referéndum consultivo" antes de que finalice 2014. Es el primer acuerdo firmado tras el acuerdo verbal de este jueves.
Esta petición estaba encallada -por un desacuerdo entre ERC e ICV-EUiA- pero el anuncio del presidente de la Generalidad, Artur Mas, fijando fecha, para el 9 de noviembre, y preguntas para el hipotético referéndum ha permitido que los cuatro grupos parlamentarios den su visto bueno a la petición al Congreso.
Con esta petición, será primero el Parlamento autonómico donde se debatirá la propuesta para presentar la proposición de ley al Congreso. No se hará en el próximo pleno, previsto para la semana que viene, en el que se aprobarán los presupuestos de la Generalidad, pero sí en enero.
Convocaría la Generalidad y pone sus condiciones
El texto registrado este viernes tiene un solo artículo con cuatro puntos. El primero señala que se "delega" a la Generalidad "la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum consultivo" para que los ciudadanos puedan pronunciarse "sobre el futuro político colectivo de Cataluña".
Este apartado también incluye un guiño al PSC, que no suscribe la propuesta y se desmarcó de la apuesta de CiU y ERC hace ya unas semanas. Así, se indica que este referéndum se llevará a cabo "a partir de los términos que se acuerden con el Gobierno del Estado". Eso sí, bajo unas condiciones previas que establecen los siguientes puntos.
El segundo punto concreta la fecha. Antes de que finalice 2014 y en un momento del curso político que no coincida "con periodos electorales, ni con una fecha de alto contenido simbólico-político". El tercer apartado deja claro que la institución quien convoca es la Generalidad y no el Gobierno. Y, finalmente, también se concreta que las "garantías" para su celebración serán las que establecen la "legislación reguladora".
La culpa es del TC
La propuesta se aprobará en el Parlamento autonómico y pasará al Congreso donde la mayoría que forman PP, PSOE, UPyD y otros grupos minoritarios la tumbará. El texto está firmado por los portavoces de CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP, y está precedido de un largo preámbulo en forma de exposición de motivos de más de cuatro páginas.
Estas líneas se apunta que la Constitución y el Estatuto de Autonomía permiten, en opinión de los solicitantes, que se celebre un referéndum consultivo sobre la independencia solo en Cataluña. Además, señalan como culpable de la situación política al Tribunal Constitucional por su sentencia del verano de 2010, en la que se ajustaba el Estatuto a la legalidad, una decisión que "barrió el paso a la evolución del marco político y jurídico de Cataluña".
En este sentido, se hace referencia a las manifestaciones, contra el TC el mismo 2010, y a favor de la independencia de 2012. Y se menciona los casos de Québec (Canadá) y Escocia (Reino Unido) para defender la convocatoria de "una consulta" como "un escenario normal". Así, por todo esto, solicitan al Congreso que permita a la Generalidad convocar un referéndum independentista en base al artículo 150.2 de la Constitución.