Los directivos del Hospital de San Pablo no se han aplicado los recortes en los salarios aprobados por la Generalidad. Así lo recoge un expediente con fecha de 25 de octubre pasado abierto por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que concluye que, en relación al sueldo de la segunda mitad del año 2010, a los directivos del hospital se les debió aplicar una reducción salarial de "al menos el 8% y no del 5%", como en realidad se hizo.

La investigación se originó con una denuncia por parte del Comité de Empresa del hospital, y ha terminado -de momento- con el levantamiento de un "acta de infracción" calificada como "grave".

El expediente considera que "la no aplicación estricta de la norma en la reducción salarial aplicada produce un menoscabo en los restantes trabajadores que, disponiendo de una retribución sensiblemente menor, han visto reducidas sus retribuciones en la misma proporción que los salirios de mayor nivel de la empresa, y en este sentido les produce un menoscabo económico desproporcionado en relación a estos".

La empresa dice que solo tienen una persona de "alta dirección"

La normativa vulnerada es el Decreto Ley 3/2010 de 29 de mayo de medidas urgentes de contención del gasto y en material fiscal de reducción del déficit público de la Generalidad de Cataluña, que establecía unos ajustes a las retribuciones de los altos cargos del Gobierno autonómico "y otro personal directivo" de sus entidades dependientes que oscilaba entre el 8% (para retribuciones íntegras anuales iguales o inferiores a 93.420,19 euros), el 10% (para sueldos de hasta 127.737,03 euros) y el 15% (para sueldos superiores), frente al 5% establecido para el personal no directivo.

El Hospital de San Pablo (propiedad de una fundación formada por la Generalidad, el Arzobispado y el Ayuntamiento de Barcelona) solo aplicó el ajuste al gerente -entonces Jordi Varela- (si bien, el expediente no especifica qué porcentaje de ajuste se aplicó), asegurando que era el único personal de "alta dirección" de la institución. Sin embargo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social advierte de que el hospital tiene otros siete directivos, que están fuera del convenio laboral del resto de empledos, a los que también se les debería haber aplicado los ajustes establecidos por ley.

De hecho, el expediente advierte de que, aunque en los contratos de los directivos no se especifica que estos sean "personal de alta dirección", "tienen un clausulado análogo a este tipo de contratos". "Además, cabe preguntarse quién en la estructura de la ciutada institución ostenta la citada direccción, sin que pueda valer dada la envergadura de la misma, decir que tan solo el único gerente tiene la condición de tal personal de alta dirección", añade.

Y recuerda que la propia dirección del hospital se amparó "en la condición de directivos de este personal" para no entregar la copia de los contratos al Comité de Empresa cuando este lo solicitó.

Sueldos de más de 100.000 euros anuales

Según El País, el sueldo del gerente en 2011 era de 170.892 euros anuales, mientras el de seis de los otros siete directivos eran: 116.628 euros, la directora de enfermería; 114.718 euros, el director médico; 108.167 euros, la directora financiera; 111.514 euros, el director de sistemas de información; 109.013 euros, el director de recursos humanos; y 108.167 euros, el director asistencial. Se desconoce el sueldo del director de servicios generales.

Desde el Comité de Empresa se han felicitado por la resolución de la inspección, que consideran contundente, y esperan que "devuelvan" cuanto antes el dinero de más que habrían recibido los directivos. Si bien, no descartan que la dirección del hospital presente un recurso, lo que considerarían "escandaloso".

El Comité de Empresa viene defendiendo que el Hospital de San Pablo es una institución privada, lo que ha generado conflictos entre trabajadores y la dirección, pero consideran que, en caso de que se aplique al centro la normativa para las entidades públicas, esta debe aplicarse "de forma correcta".

Los escándalos de los sueldos a los directivos en el ámbito autonómico no es una novedad. Hace dos semanas se conoció la intención del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) de compensar un recorte salarial aplicado a 50 altos cargos en 2012, mediante una triquiñuela para soslayar la normativa vigente.