Josep Ibarz, junto al presidente de la Generalitat y líder de CiU, Artur Mas, en un acto de CDC en 2009

Josep Ibarz, junto al presidente de la Generalitat y líder de CiU, Artur Mas, en un acto de CDC en 2009

Política

La fiscalía pide cuatro años de cárcel para un alcalde de CiU por prevaricación

Josep Ibarz, alcalde de Almacelles (Lérida) y dirigente de CDC, supuestamente habría "urdido un plan" junto a un policía local -también imputado- para falsificar un expediente

9 noviembre, 2013 15:04

La Fiscalía de Lérida pide cuatro años de cárcel para el alcalde de Almacelles (Lérida), Josep Ibarz (CDC), así como para un policía local, acusados de prevaricación y falsificación de un documento oficial para sancionar a una vecina con 16.499 euros por una supuesta infracción urbanística. Se da la circunstancia que la mujer es familiar de un regidor socialista.

Según recoge el diario Segre, la fiscalía también solicita tres años de inhabilitación a Ibarz para ejercer de alcalde, y al agente implicado otros tres años de inhabilitación para ejercer de policía. También se pide una condena de nueve años de inhabilitación para el alcalde y dirigente de CDC, así como para el secretario municipal, por dar validez a ese documento.

Un sello destapa la trama

El caso se remonta a 2007, y la querella de la vecina, Montse Cortasa, la admitió el juzgado de instrucción número 2 de Lérida en 2009. El escrito de acusación del fiscal indica que Ibarz y el policía local "urdieron un plan" para poder sancionar Cortasa, con la intención de "perjudicar a un concejal de la oposición familiar directo de la perjudicada".

La fiscalía asegura que el alcalde encargó en 2007 al policía la realización de un supuesto informe con fecha muy anterior, en el que se hacía constar una inspección realizada por dicho policía en una granja de la propiedad de la vecina. El error que habría destapado la falsificación del informe denunciada por la vecina consistiría en que este "llevaba impreso un sello municipal que no existía en dicha fecha", y que no fue aprobado hasta ocho meses después.

Ibarz ha negado los hechos, ha asegurado que la querellante transformó una granja de pollos en viviendas y oficinas, y ha visto "intencionalidad política" por parte de la oposición del PSC y el PP. También ha admitido un error en el expediente de sanción, explicando que el policía también imputado "copió y pegó el texto" de un de un expediente anterior pero no modificó la fecha.