La Diputación de Barcelona tampoco exige cuentas a Convergència por el 'caso Palau'

La Diputación de Barcelona, en tanto que parte de la acusación popular en la causa del expolio al Palau de la Música, ha pedido 67 años de prisión para Fèlix Millet y Jordi Montull. Sin embargo, y al igual que la institución cultural, ha eludido acusar a los cargos ya imputados por el juez instructor de CDC. De hecho, en la acusación de la Diputación, ni siquiera se piden responsabilidades civiles a la formación liderada por Artur Mas.

La corporación provincial, así como el Gobierno, la Generalidad y el Ayuntamiento de Barcelona, fue parte del Consorcio del Palau de la Música hasta 2001, y contribuyó a nutrir de fondos públicos a la entidad. Aún así, el escrito de la acusación no hace alusión alguna a los 5,1 millones de euros que el juez instructor considera que CDC recibió en concepto de comisiones ilegales a través de Millet, confirmándose de este modo la reticencia del entorno del Palau a inculpar a cargos de este partido político.

Lo que sí hace la Diputación -que está en manos de CDC y se apoya en el PP para gobernar- es reclamar a los saqueadores confesos una indemnización de tres millones de euros a cuenta del Consorcio al que ella misma perteneció y al que aportó 1,5 millones de euros en concepto de subvenciones. Aproximadamente, 13 millones de euros es la cifra propuesta por la Diputación para indemnizar a la Fundación del Palau de la Música y al Orfeó Català.

Tampoco contra los responsables de las empresas

Millet y Montull son acusados por la Diputación de delitos continuados de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y malversación. La hija del segundo, Gemma Montull, ex directora financiera del Palau, también es señalada en la acusación, según informa Efe. Para ella solicita una pena de 17 años y medio de cárcel.

Esta acusación popular considera que los dos principales acusados, Millet y Montull, desviaron fondos, pero en su propio beneficio, como el pago de obras en sus viviendas, las bodas de las hijas de Millet y a través de servicios inexistentes con facturas emitidas por sociedades instrumentales controladas por ellos mismos.

Entre 2002 y 2009 el expolio al Palau de la Música se cobró 18 millones de euros, según la instrucción. Millet se habría apropiado un total de 7 millones de euros y Jordi Montull 1,3 millones más. Del resto se ignora el destino. Una hipotésis que hace suya la Diputación, aunque en su escrito de acusación parece atender la solicitud del Consorcio del Palau de enero de 2011 en que se exigía que no se imputara a ningún miembro de CDC.

Por lo demás, y a diferencia de la acusación ejercida por la Fundación del Palau de la Música, la Diputación de Barcelona no apunta hacia los otros imputados en la causa y acusados de desfalco, como el abogado y ex secretario del Palau Raimon Bergós; la secretaria de Millet, Elisabet Barberà; la ex directora general de la entidad Rosa Garicano; o los responsables de las empresas que habrían colaborado en el saqueo emitiendo falsas facturas.