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El abogado Jordi Pina y su ayudante durante la jornada de este miércoles en el Tribunal Supremo / EFE

El 1-O, ni simbólico ni pacífico: la Fiscalía no perdona a la cúpula del 'procés'

En junio se celebrarán las tres últimas sesiones de la vista oral contra los 12 procesados por la organización del referéndum ilegal de octubre de 2017

30.05.2019 00:00 h.
9 min

El macrojuicio del procés, que durante casi cuatro meses ha centrado el foco de la actualidad judicial y ha salido ileso de los embates derivados de las elecciones generales y autonómicas, se dirige a su final. Tan sólo tres sesiones, fijadas para los días 4, 11 y 12 de junio, restan para que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, lo declare visto para sentencia. Los 12 líderes independentistas volverán el próximo martes al banquillo conscientes de no haber logrado arrancar un ápice de indulgencia a la Fiscalía --ni al resto de acusaciones--, que mantiene para todos ellos las mismas peticiones de condena que cuando arrancó la vista oral. Ninguno de los inculpados pasó de puntillas por el procés.

De nada ha servido acotar la organización de la consulta al ámbito de lo simbólico, enmarcarla en una supuesta protección de la democracia, apelar a la legitimidad del voto o distanciarse de la apuesta soberanista y de los avatares de un otoño convulso. El ministerio público es tajante en el escrito de 130 páginas que esta tarde ha entregado al tribunal cuando sobre el salón de plenos aún sobrevolaban las dudas sobre si las acusaciones ya esperarían a la próxima semana para dar a conocer sus conclusiones definitivas.

La gran baza

La proyección de los vídeos del 1-O con los que las defensas querían reforzar su tesis pacifista, y a cuyo visionado había sido reservada esta jornada, ha quedado eclipsada por completo cuando el fiscal Jaime Moreno ha tomado la palabra. Eran las 17.45 horas. Por si acaso, Marchena, una vez concluida la conocida como fase documental, ha preguntado a Moreno si tenía preparado su escrito con las peticiones definitivas de condena, no fuera que ya hubiera que esperar a la próxima sesión para conocerlas. Pero el fiscal venía con los deberes hechos, y las defensas se han encontrado, de repente, en fuera de juego.

El escrito, que mantiene las acusaciones por rebelión contra Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, las de desobediencia contra Meritxell Borràs, Santi Vila y Carles Mundó, y las de malversación contra todos los procesados, agrava sus incriminaciones contra Carles Puigdemont por hacer caso omiso de las advertencias que los mandos de los Mossos efectuaron a los altos cargos del Govern durante un encuentro mantenido apenas unos días antes de la celebración del referéndum.

El papel de Puigdemont

“Al finalizar la reunión, el procesado rebelde, entonces presidente de la Generalitat, manifestó a todos los presentes que si el 1 de octubre había violencia declararía la independencia”. Es la sentencia que vierte la Fiscalía en torno al decisivo papel desplegado por Puigdemont en aras a garantizar la organización de la consulta. Da validez, así, a los alegatos efectuados a mediados de marzo por el major y entonces máximo responsable de la policía autonómica catalana Josep Lluís Traspero, en su afán por demostrar hasta qué punto eran divergentes las posiciones de los Mossos y del Ejecutivo autonómico.

Trapero, sin embargo, no se libra de las acometidas de los fiscales. Tampoco la intendente de los Mossos Teresa Laplana. El escrito arremete con dureza contra ambos por la dejadez de la que habrían hecho gala durante el 1-O: “A pesar de que los graves incidentes que estaban sucediendo fueron puestos en conocimiento [de Trapero y Laplana] y no obstante las reiteradas solicitudes de refuerzos policiales que les fueron realizadas por los agentes de la Comisión Judicial para poder controlar la situación y evitar males mayores, no se adoptaron las medidas suficientes para garantizar la seguridad de quienes estaban cumpliendo con el mandato judicial”.

Forn y Sànchez

La conclusión alcanzada por el ministerio público no es baladí. De hecho, será clave cuando ambos se sienten en el banquillo en la Audiencia Nacional para ser juzgados por estos hechos. La fecha del juicio contra los dos exresponsables de los Mossos --a quienes acompañarán el exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig y el exdirector del cuerpo autonómico Pere Soler-- es aún un misterio, aunque podría celebrarse una vez transcurrido el periodo estival.

Entre las circunstancias que la Fiscalía declara probadas, aún con mayor precisión que al inicio de la vista oral a tenor de lo expuesto durante estos meses en el Tribunal Supremo, se encuentra la actuación desplegada por el exconsejero de Interior Joaquim Forn. Además de mantenerse en permanente contacto telefónico con el líder de Òmnium, Jordi Sànchez, durante la jornada clave del procés, reiteró en varias ocasiones, desde que a mediados de julio de 2017 tomase posesión en el cargo, que “el referéndum se iba a celebrar, y que los Mossos que estaban bajo su mando garantizarían que se pudiera votar con libertad y seguridad”.

La organización del 1-O

Pese a los intentos de Forn por separar su compromiso político con la consulta de sus competencias como consejero y negar tajantemente haber dado órdenes a los agentes para que favorecieran la organización de la consulta, los fiscales echan por tierra sus alegatos al recordar cómo el 27 de septiembre, en una entrevista, el entonces consejero se expresaba con contundencia sobre las garantías de que se llevara a cabo la votación: “Habrá referéndum, el 1 de octubre permitiremos que la gente vaya a votar, habrá urnas. Nosotros hemos hecho un plan para garantizar que los ciudadanos puedan votar”.

Al término de la sesión y tras conocer el parecer de los fiscales, Forn, con semblante serio, intercambiaba impresiones en el pasillo con Mundó. Rull se unía a ellos instantes después.

Los gastos de Unipost

La Fiscalía no deja de lado el presunto delito de malversación en el que habrían incurrido los inculpados y cifra en 979.661 euros el gasto comprometido con la empresa Unipost, a la que se encargó de forma “clandestina” el envío postal de material electoral en 5,3 millones de cartas ordinarias, tantas como personas censadas, y de 56.000 cartas certificadas dirigidas a quienes habrían de integrar las meses electorales.

Con estos mimbres, será el próximo martes cuando el ministerio fiscal dé lectura a su informe y exponga sus tesis ante el tribunal para a continuación ceder el turno a la Abogacía del Estado y a la acusación popular ejercida por Vox. Las defensas podrán emitir sus alegatos a partir del día 11 con el objetivo de defender la absolución de sus patrocinados.

La última oportunidad

El día 12, cuando todas las partes hayan expuesto sus informes, Marchena tomará la palabra para otorgársela a los procesados, a quienes preguntará “si tienen algo que manifestar al tribunal”. Así es como lo establece el artículo 739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim): “Al que contestare afirmativamente, le será concedida la palabra”.

Deberán tomar algunas precauciones, como así lo contempla el precepto. “El presidente cuidará de que los procesados (…) no ofendan la moral ni falten al respeto debido al tribunal ni a las consideraciones correspondientes a todas las personas, y que se ciñan a lo que sea pertinente, retirándoles la palabra en caso necesario”. Los 12 líderes independentistas tendrán una nueva oportunidad de dirigirse al tribunal, a las partes y a la ciudadanía.

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