Quim Torra ha despejado parte de la incógnita sobre el futuro de esta legislatura crepuscular, aunque no del todo. Habrá elecciones, sí. Y serán antes del verano. Pero el presidente catalán, ya en funciones a efectos prácticos, ha decidido esperar a que los presupuestos de la Generalitat para 2020 sean aprobados en el Parlament. Aparentemente, se trata de un ejercicio de responsabilidad que han aplaudido algunas patronales, En Comú Podem y ERC, que dirige el negociado económico de la Generalitat y quiere presentarse a esos próximos comicios con los deberes hechos y pactados con los comunes.

Pero en realidad, poco o nada se va a ejecutar de esas cuentas, pues la incertidumbre sobre los proyectos que puedan impulsarse ante un eventual cambio de Gobierno van a disuadir a muchos inversores y empresas de implicarse en los mismos. Eso ya está pasando, pues esta legislatura agonizante, que arrancó oficialmente en mayo de 2018 cuando, por descarte --fallaron las investiduras de Carles Puigdemont, de Jordi Sànchez y de Jordi Turull--, Torra tomó posesión del cargo, deja en aire iniciativas tan importantes como potenciar el centro de FP de automoción de Martorell (Barcelona). Tal como anticipó Crónica Global, la fallida gestión de este proyecto le ha costado el cargo a la directora general de Empleo de la Generalitat, Mercè Antònia Garau.

Sirva este despido como ejemplo del caos existente desde hace tiempo en un Govern donde es imposible impulsar acciones transversales debido a la descoordinación entre las consejerías lideradas por Junts per Catalunya y las de ERC. El paradigma de ello es la nula comunicación entre la consejería de Empresa, en manos neoconvergentes, y la de Trabajo, que dirigen los republicanos.

Si hasta ahora el partidismo se ha impuesto en la acción de Gobierno de Torra, bloqueando las instituciones que el president siempre llama a salvaguardar, el grado de politización que puede haber en un escenario oficialmente preelectoral puede alcanzar cotas insospechadas.

Por eso, Torra podría ahorrar a todos los catalanes esa agonía, esos últimos estertores de un procés que murió con la declaración de Pedralbes en diciembre de 2018. La semana próxima, por cierto, está prevista una nueva cumbre entre el mandatario catalán y Pedro Sánchez. Y no es precisamente liderazgo e interlocución lo que puede exhibir ahora Torra.

Asistimos a los estertores de un desafío secesionista que, en la forma, se mantendrá, tanto por parte de ERC, que lleva sobre las espaldas el sambenito de la traición, y sobre todo de Junts per Catalunya, que sacará toda su artillería pesada contra el socio de Gobierno que ha propiciado el adiós del president. En el fondo, más de lo mismo: gesticulación sin intención ni hoja de ruta para implementar la ansiada república catalana. Eso es precisamente lo que la ANC y la CUP echan en cara a Torra.

Tampoco es que los republicanos hayan actuado con un desinterés manifiesto, pero hay que reconocer que las cosas les han salido bien hasta el momento. Saben que la bronca genera desafección ciudadana, lo dicen las encuestas de intención de voto, pero ahora van a tener que afrontar las embestidas de sus exsocios, que buscan un enemigo exterior como hasta ahora han hecho con el Estado español.

Teniendo en cuenta que los procesos judiciales contra los independentistas y el suplicatorio pedido contra Puigdemont y Toni Comín todavía no han sido resueltos, se avecinan semanas de “lucha a navajazos”, como dijo el presidente del PPC, Alejandro Fernández, en el mismo escenario parlamentario donde, el pasado lunes, esta vez sí, se vivió una jornada histórica en lo que respecta al principio del fin del legado convergente.