En una decisión insólita, la fiscalía del Tribunal de Cuentas ha reducido significativamente la cantidad reclamada a un grupo de dirigentes independentistas como responsabilidad contable por los fondos públicos desviados para organizar el referéndum secesionista ilegal del 1-O y promover el procés en el extranjero.

La rebaja ha sido de más de 6 millones de euros. En concreto, el fiscal ha pasado de atribuirles un despilfarro fraudulento de 9,5 millones a solo 3,4. Es decir, un descuento de más del 60%.

No ha trascendido el detalle del cálculo –más allá de descartar diversos conceptos con argumentos muy generales– pero es más que evidente que montar la votación ilegal de octubre de 2017 y promover a nivel internacional el plan para la ruptura unilateral del país costó mucho más que 3,4 millones. Incluso superó ampliamente los 9,5 millones de euros. Probarlo no debería ser muy complicado para la fiscalía. Sin embargo, el ministerio público no solo no lo ha hecho sino que ha liberado de toda responsabilidad a 16 de los 51 implicados en la causa.

¿Cómo es posible que el nuevo cálculo difiera tanto del original, al que se llegó tras meses de minuciosa investigación? ¿Qué ha pasado entre el primer recuento y el segundo?

Pues muy sencillo, en los últimos meses el Tribunal de Cuentas ha pasado a estar controlado por miembros propuestos por el PSOE tras el pacto de renovación de la institución acordado con el PP.

Así, el fiscal que inició el proceso, Miguel Ángel Torres, ha sido corregido por el presentado por la Fiscalía General del Estado, Manuel Martín-Granizo. Al igual que, hace unas semanas, la nueva mayoría de consejeros promovidos por el Gobierno, en una interpretación inaudita, rectificó la decisión de la instructora inicial de rechazar los avales de la Generalitat, lo que supone permitir que los que despilfarraron el dinero público sean respaldados económicamente por la propia administración a la que expoliaron para implementar su proyecto independentista.

En junio pasado, el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos --en aquel tiempo, peso pesado en el Gobierno de Pedro Sánchez--, calificó las causas en el Tribunal de Cuentas contra los líderes del procés como “piedras en el camino” para el diálogo entre el ejecutivo y sus socios de legislatura, y prometió “ir desempedrando todo ese camino dentro de la legalidad”. Y así parece que ha sido. De hecho, solo unos días después de la declaración de Ábalos, la Abogacía del Estado abandonó su actuación en esa causa.

Llegados a este punto (y con la esperanza de que prospere la demanda de Societat Civil Catalana –la única que sigue viva en el Tribunal de Cuentas junto a la de la fiscalía–) solo se me ocurre plantear un par de humildes demandas. Por una parte, espero que nadie se atreva a decir en adelante que no ha habido cesiones por parte del Gobierno al nacionalismo catalán a cambio de garantizar su permanencia en La Moncloa.

Y, por otra, espero que, al menos, los dirigentes encausados apoquinen los 3,4 millones de euros de su bolsillo, y no se permita a la Generalitat, a ERC o la caja de solidaridad hacerlo.

Veremos.