En los últimos tiempos es habitual que los analistas políticos alerten de que el discurso del odio se está instalando en las instituciones españolas. Pero estas observaciones suelen centrar su atención en partidos como Vox y Podemos, y olvidan que el extremismo no solo les afecta a ellos ni es tan reciente como dicen.

De hecho, en Cataluña hace mucho tiempo que sufrimos a verdaderos fanáticos sin escrúpulos asentados al frente de organismos públicos. El más destacado de todos ellos es, sin duda alguna, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó.

Las funciones que le atribuye el Parlament se resumen en “atender las quejas de las personas que se encuentran desprotegidas ante la actuación, o la falta de actuación, de las administraciones” en Cataluña. Especialmente, la de la Generalitat y los entes locales. Además, debe ser “políticamente independiente” y actuar “con objetividad”.

Cualquiera que haya seguido mínimamente la trayectoria de Ribó al frente de la Sindicatura llega a la inevitable conclusión de que sus 17 años al mando de ella --los dos últimos con su mandato caducado-- solo han servido para desprestigiarla y desacreditarla hasta niveles que serían inaceptables en cualquier democracia occidental.

Lejos de defender a los ciudadanos ante los atropellos de la Administración (especialmente la autonómica), como se le había encomendado, el defensor del pueblo autonómico ha ejercido como uno de los más diligentes activistas nacionalistas. Y jamás ha dejado pasar una sola oportunidad para arremeter sin piedad contra todo aquel que se opusiera al independentismo catalán, ya fuera en el ámbito político, económico, lingüístico o social.

Este mismo jueves, Ribó ha aprovechado su intervención en el Parlament para realizar un nuevo y encendido alegato a favor de los presos del procés. “Una de las mayores injusticias que se ha cometido desde la muerte del dictador”, ha dicho sobre las condenas por sedición y malversación. Y, alineándose nuevamente con los sectores más duros del independentismo, ha rechazado los indultos y ha exigido una amnistía.

Estos días, en cambio, no le hemos visto interesarse por la sangrante discriminación que han sufrido los alrededor de 7.000 policías nacionales y guardias civiles destinados en Cataluña. El Govern ha vacunado al 80% de los Mossos d'Esquadra, al 79% de la Guardia Urbana de Barcelona y al 71% de los policías locales, frente al 10% de los policías nacionales y el 6% de los guardias civiles. Estos solo pedían ser tratados de forma similar al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, todos ellos considerados como personal esencial. Pero Ribó no ha dicho ni mu.

Eso sí, en los últimos meses, el Síndic se ha mostrado muy preocupado por “la presencia de la extrema derecha” en la Guardia Civil, por la anulación del tercer grado a los presos del procés, por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél --el de las amenazas a diestro y siniestro, y alguna que otra agresión--, por la inhabilitación del expresident Quim Torra --condenado por desobediencia-- y por la respuesta de la Policía Nacional a los violentos disturbios por la sentencia del procés. Muy poco, sin embargo, ha hecho para fiscalizar la actuación de la Generalitat frente a la pandemia y su gestión de las residencias, con miles de ancianos fallecidos por Covid.

A Ribó se le conoce por su cruzada contra el bilingüismo escolar. Pocos como él han puesto tantas trabas a los ciudadanos que reclamaban una educación equilibrada en catalán y en castellano para sus hijos. Y han tenido que acudir a los tribunales para que les fueran reconocidos sus derechos. No deberíamos olvidar la labor de Ribó en este campo. Este tipo ha sido uno de los que más daño y vejaciones ha tratado de infligir a las familias catalanas. Aunque, eso sí, deberá vivir el resto de sus días con la amargura de saber que esta batalla la va perdiendo sentencia a sentencia.

Su rancio perfil político era de sobra conocido por todos, pero su bajeza moral y humana quedó demostrada para los que todavía no lo habían calado en diciembre de 2019, cuando en un arrebato de xenofobia acusó a los españoles procedentes de fuera de Cataluña de ser los culpables de las largas listas de espera de la sanidad catalana.

A punto de cumplir 76 años, y tras casi 40 cobrando sueldos públicos --actualmente, 130.000 euros al año--, Ribó no se ha cortado a la hora de disfrutar de costosos viajes por todo el planeta (pese a que su cargo se circunscribe a Cataluña) a costa del presupuesto público. Solo en 2019, sus periplos equivalieron a un par de vueltas a la Tierra, y en 16 de sus escapadas se llevó también a su pareja --una empleada de la Sindicatura que fue capaz de desarrollar una carrera meteórica desde que Ribó llegó a la institución--. También hay que recordar el viaje de 2015 en un jet privado para ver al Barça en la final de la Champions de Berlín, pagado por un implicado en la trama corrupta del 3%.

Los episodios lamentables del Síndic son innumerables. Uno de los más vergonzantes --pero muy ilustrativos de la catadura del personaje-- fue cuando a finales de 2018 Ribó se atrevió a utilizar --dos veces-- a Pasqual Maragall para defender a los dirigentes independentistas en prisión por el intento de secesión unilateral, pese a que el expresident estaba gravemente enfermo de Alzheimer desde hacía más de una década.

Es evidente que los catalanes de mi generación hemos sido testigos de los peligros para la degeneración de la democracia que supone incitar al odio desde las instituciones. Esa es una lacra que aquí conocemos perfectamente desde hace muchos años.