El diálogo unilateral de Aragonès

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Mucho antes de que Josep Pla asegurara que “los nacionalismos se curan viajando”, el también escritor Mark Twain afirmaba que “viajar es letal para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez mental”. A Pere Aragonès le cuesta abandonar su despacho de Palau y, cuando lo hace, es para desplazarse a foros y territorios abonados para sus tesis soberanistas. Hay excepciones, como la conferencia que pronunció el 14 de enero en Madrid en el Club Siglo XXI, donde repitió tesis y discurso: que quiere diálogo con el Gobierno, pero solo para conseguir la amnistía y la autodeterminación. Lo de avanzar en la reconstrucción económica y social de Cataluña tras la pandemia no forma parte de esa negociación. Y mucho menos de la debida lealtad institucional.

El presidente de la Generalitat acaba de anunciar que no acudirá a la Conferencia de Presidentes Autonómicos que se celebrará el 25 de febrero en La Palma, lo que supone un gesto de cara a la galería secesionista, pero también una renuncia a defender los intereses catalanes. Como tampoco parece estar interesado en participar en la reforma de la financiación autonómica y debatir cuestiones tan importantes como condonar parcialmente la deuda de las comunidades autónomas, eliminar fondos de suficiencia para simplificar el sistema o reducir la competencia fiscal entre autonomías.

ERC, Junts per Catalunya y la CUP han propuesto crear en el Parlament una comisión de estudio para determinar la deuda histórica del Estado con Cataluña que huele a victimismo y agravio. Más de lo mismo. Y, desde luego, no parece que los independentistas estén dispuestos a entrar realmente en materia y abordar, por ejemplo, la gran bolsa de deuda de las comunidades generada por los “mecanismos de liquidez”, imprescindibles para afrontar la crisis económica de 2008, pero que ahora “son un lastre que se debe eliminar o como mínimo suavizar por la vía de la condonación parcial de la deuda, de acuerdo con las circunstancias objetivas de cada comunidad autónoma”.

Así lo aseguran las economistas Montserrat Colldeforns y Maria Antònia Monés en un documento titulado Apuntes para una reforma federal del sistema de financiación autonómica, publicado por la Fundación Rafael Campalans, vinculada al PSC, y avanzado por Crónica Global. Hay quien hace los deberes mientras el Govern practica la política de “silla vacía” y rechaza ese tipo de medidas beneficiosas.

Hay mucha doblez la postura de Aragonès ante la financiación autonómica. Porque en paralelo a esa “deuda histórica” del Estado, la Generalitat omite que ha sido una de las grandes beneficiarias de esos fondos de liquidez. Caóticos, pero socorridos para contentar a todas las comunidades. O que esa reducción de la competencia fiscal entre territorios que propone el Gobierno es bien vista por ERC, no así por Junts per Catalunya. En efecto, el comité de expertos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, coincide con las posturas de los republicanos de fijar un tipo mínimo para el Impuesto de Patrimonio y revisar las exenciones, de las que, hasta ahora, se han beneficiado las empresas familiares.

Esquerra, hay que admitirlo, ha optado por un discurso más amable, menos bronco que Carles Puigdemont y su gobierno imaginario de Waterloo. Prefiere el diálogo al embate --vaya usted a saber qué significa eso-- que proponen los neoconvergentes. Sin embargo, esos puentes tendidos comienzan a ser tan unilaterales como el desafío secesionista que ha fracturado la sociedad catalana. Porque lo que realmente necesita ser recosido no es la unidad independentista, como dijo el president en su balance del primer aniversario de las elecciones del 14F, dirigido única y exclusivamente al votante secesionista. Lo urgente es reconciliar las dos Cataluñas, separadas por el procés y el instinto de supervivencia de una élite política, ávida de aferrarse al poder.

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¿Quién es... María Jesús Cañizares?
sin fondo cañi

Periodista. Es directora adjunta de Crónica Global. Es licenciada en Ciencias de la Información por la UAB y ha cursado estudios de Derecho. A lo largo de su carrera se ha especializado en información política y del ámbito judicial.