La irresponsabilidad de Aragonès ante la renovación de la financiación autonómica

¿Pero por qué es tan importante reformar la financiación autonómica. "Si bien la Constitución enumera las fuentes de ingresos de las comunidades autónomas (CA) y les atribuye la potestad de crear impuestos propios, no establece un modelo de financiación completo y cerrado, sino que éste se define mediante una ley orgánica aprobada por las Cortes, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), sujeta a modificaciones", explica Benja Anglès Juanpere, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Añade que “el sostenimiento del ansiado estado del bienestar, más los problemas derivados de todo tipo de crisis (como la actual pandemia del Covid), más el estrecho margen de las comunidades para aprobar nuevos impuestos propios ante la falta de hechos imponibles 'libres' provocan una endémica necesidad de recursos para las Haciendas autonómicas y mantienen abierto un permanente debate sobre cómo mejorar su financiación”.

Rivalidades políticas y territoriales

El economista ilustra su afirmación con datos. De los más de 500.000 millones de euros del presupuesto global de todo el sector público, las comunidades “gastan” cerca del 40%, pero solo recaudan directamente mediante tributos propios algo más de 2.000 millones de euros, o sea, alrededor del 4%. De modo que “la mayor parte del gasto autonómico se cubre con impuestos y transferencias cedidas por el Estado o, en menor medida, mediante deuda pública propia. Esta falta de ‘control’ y de suficiencia sobre los recursos de las CA aviva aún más el debate sobre su financiación, que además se ve dificultado por rivalidades políticas y territoriales, las cuales se centran más en buscar agravios entre territorios o mejorar los resultados electorales de los políticos autonómicos a corto plazo”.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda /EP

Por todo ello “no es de extrañar que el sistema de financiación autonómica esté en permanente entredicho y que su revisión dependa en exceso de la coyuntura política de cada momento”, añade el experto.

El Estado y las CA se coordinan y colaboran a través de las conferencias de presidentes y las conferencias sectoriales. “La asistencia es voluntaria, pero no participar en las mismas de entrada significa renunciar a plantear y defender las propias posturas y propuestas, y no escuchar y comprender las posturas y propuestas de los demás. No sólo se trata de una evidente falta de respeto institucional, sino que además impide lograr acuerdos que puedan satisfacer a todas las partes”, afirma Anglès.

"El discurso del agravio"

Si alguna de las CA no asiste y “por consiguiente, no expone y defiende sus tesis, difícilmente logrará que el sistema de financiación que se acabe acordando responda a sus necesidades. Sin diálogo, es difícil alcanzar consensos y lograr soluciones compartidas, pero ciertamente permite mantener el discurso de los agravios y la falta de entendimiento, de modo que tendrán que ser los ciudadanos quienes, en última instancia, valoren si sus políticos están a la altura”.

Al respecto, añade que “tal y como veo la actual situación política, sí parece misión imposible contentar o poner de acuerdo a todas las CA, especialmente por los planteamientos de determinados líderes autonómicos que defienden posturas totalmente opuestas y que sin voluntad de consenso o de cesión es imposible que puedan salir todas adelante. No obstante, a nivel autonómico siempre han existido diferencias a priori irreconciliables, pero al final siempre se han alcanzado acuerdos”.

El profesor de la UOC explica que la mejora del modelo pasa por dos cuestiones fundamentales: la nivelación y la redistribución. “Entendiendo por nivelación el disponer de recursos suficientes que garanticen un nivel de servicios parecido en todos los territorios atendiendo a un esfuerzo fiscal similar, en este aspecto se tendría que mejorar la equidad del sistema. Por ejemplo, estableciendo unos niveles mínimos de tributación autonómica para evitar, como sucede, que, gracias a obtener más recursos del Estado, es posible evitar los costes políticos de subir los impuestos autonómicos”. Mientras que la redistribución respondería “a cómo repartir los recursos entre los territorios para lograr un gasto per cápita parecido, en este aspecto tendría que ser menos arbitraria e incorporar, por ejemplo, no sólo criterios de población sino también de poder adquisitivo. No es una tarea fácil, pero de ello depende el bienestar de todos”.

"Es idea del 'yo no juego'"

El director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, destaca la importancia del sistema de financiación autonómica “no solo porque se distribuye mucho dinero, sino también porque se busca un reparto sensato, transparente y equitativo”. Pero “esa idea del ‘yo no juego’ hace difícil hacer ese sistema equitativo”, afirma en referencia al plante de la Generalitat. Considera que “no es pragmático decir que te quieres ir, porque de momento vas a seguir”. Se refiere al documento de diez páginas elaborado por la Consejería de Economía, cuyo titular es Jaume Giró, en el que se asegura que el ejecutivo autonómico “aspira y trabaja para conseguir una soberanía fiscal plena" de Cataluña. Asimismo, Giró considera la propuesta preliminar del Ministerio de Hacienda que pondera el criterio de población ajustada, no es representativo de la situación real de Cataluña

El economista y director de Fedea, Ángel de la Fuente, en la entrevista con 'Crónica Global'

El economista valora que los gobiernos “intenten pactar los nuevos modelos, que hablen con todas las comunidades autónomas (CA), pero no tiene por qué ser así. Es el Congreso el que crea las normas. Si PP y PSOE se ponen de acuerdo, es imposible que todas se pongan de acuerdo. Lo que les importa es el resultado, no el sistema en sí. Y así es imposible”. Quedarse fuera del acuerdo supone “acabar con menos recursos y menos derecho a intentar influir”, avisa.

No obstante, Ángel de la Fuente se muestra pesimista sobre la aprobación de un nuevo modelo de financiación, que lleva ya un retraso de nueve años. “En esta legislatura no va a haber nuevo sistema”, sentencia el economista, quien considera que lo más importante para que esas reglas de reparto de recursos funciones “es la economía”.

"La política de 'silla vacía'"

El secretario de Economía y Hacienda del PSC, Francesc Trillas, denuncia la política de “silla vacía” del presidente Pere Aragonès, a quien recuerda que “no siquiera el Gobierno español tiene soberanía plena, pues está limitado por la Unión Europea”. El profesor de Economía Aplicada de la UAB entiende que “si la Generalitat presenta alegaciones, es que quiere participar en las negociaciones. Pero echamos de menos una participación más activa, más liderazgo y un consenso de todos los partidos de la parte catalana, como ha hecho la Comunidad Valenciana. Cataluña siempre ha sido el motor de la financiación autonómico. Un acuerdo sin Cataluña sería irresponsable”.

Sobre las dudas del Govern, Trillas las atribuye al hecho de que “si acudes, están reconociendo la existencia de una España federalizante”.

El líder del PSC, Salvador Illa, y las economistas Maria Antònia Monés y Montserrat Colldeforns, que han elaborado un documento sobre la financiación autonómica / EUROPA PRESS

El próximo 16 de febrero está previsto que el PSC presente sus propuestas para la nueva financiación en base a los trabajos realizados por la catedrática de Economía Maria Antònia Monés y la economista Montserrat Colldeforns, articulados por la Fundación Rafael Campalans (vinculada al partido). El acto tendrá lugar en el Colegio de Periodistas y al mismo asistirá el primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa.

El economista y profesor de la Universitat de Barcelona, Gonzalo Bernardos, avisa de que si la Generalitat no participa en las reuniones autonómicas “su influencia en el nuevo modelo de financiación autonómica será escasa. Las negociaciones van a ser muy largas y duras, pues dentro de un mismo partido hay intereses contrapuestos. Lo que pide Castilla y León es opuesto a lo que quiere Madrid”.

Sin capacidad para hacer 'lobby'

Bernardos cree que “los políticos independentistas serían listos si aparcaran el tema de las soflamas independentistas que no van a ningún lado y, que ni ellos mismos se creen, y pidieran un concierto económico como el vasco. Pondría en grandes dificultades al Ministerio de Hacienda, tendrían el apoyo masivo de los catalanes y llevaría al Gobierno de España a darles como mínimo un trato especial y muy ventajoso en el nuevo sistema de financiación”.

Pero el economista descarta que lo hagan “pues significaría abandonar el sueño independentista. Los catalanes tenemos el problema que los políticos independentistas negocian muy bien con Madrid lo que les interesa a ellos personalmente (Jordi Pujol), pero muy mal para los intereses de los ciudadanos catalanes. Como les dan lo primero, tienen mucha menos fuerza para pedir lo segundo”.

Además “en la conferencia sobre financiación autonómica, la delegación catalana tiene un gran problema. Nadie querrá, excepto Baleares, hacer lobby con ellos. Son los desleales, los que se quieran marchar de España y publicitar que se está de acuerdo en temas de financiación con los independentistas, resta votos en sus comunidades autónomas. Están más solos que la una”.