El exministro canadiense Stéphane Dion --un reconocido federalista quebequés-- hace años que viene alertando de que la “estrategia del contentamiento” (esto es, ir cediendo a las peticiones de los secesionistas para ver si así se “apaciguan”) es “arriesgada e ilusoria” y está condenada al fracaso, pues solo servirá para debilitar la federación (en el caso de España, el Estado español) y nunca “contentará” a los nacionalistas/separatistas, cuyo objetivo es la secesión.
El profesor Félix Ovejero concluía hace unos días en una entrevista para Crónica Global que hemos llegado a la actual situación política en Cataluña “por haber aplicado la tercera vía” durante años.
Y no les falta razón. 40 años de descentralización ininterrumpida y de un permanente aumento y mejora del autogobierno de Cataluña con el objetivo de “encajar” e “integrar” al nacionalismo catalán nos ha conducido al resultado que todos conocemos: dos referéndums secesionistas ilegales (9-N y 1-O), dos declaraciones unilaterales de independencia (10 y 27 de octubre) y una sociedad --la catalana-- más fracturada que nunca y al borde del enfrentamiento civil.
Sin embargo, el Círculo de Economía parece no haberse enterado de lo que ocurre en Cataluña y sigue emperrado en hacer buena la máxima que, erróneamente, suele atribuirse a Einstein: “Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”.
Y es que el documento difundido este lunes con el título Propuestas para mejorar el autogobierno de Cataluña y el funcionamiento del modelo territorial del Estado recoge un planteamiento erróneo, caduco, inútil, contraproducente y --siendo generosos-- ingenuo. Un patinazo colosal.
El texto empieza por comprar el lenguaje nacionalista --o tercerista, de la denominada tercera vía y los equidistantes-- más clásico, al tildar de “problema catalán” lo que en realidad es el problema del nacionalismo o del secesionismo catalán.
Reconoce el Círculo que “el problema” desborda “el conflicto político” y pone en peligro “la convivencia” entre catalanes “a partir de las decisiones tomadas de forma unilateral por la mayoría independentista del Parlament los días 6 y 7 de septiembre”, por lo que sorprende que para resolverlo se deba primar con algún tipo de cesiones --como proponen más adelante-- a los que han generado el conflicto.
De igual forma, acto seguido, hace “una llamada a la sociedad catalana en su conjunto y, especialmente, a las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en favor de acciones para recobrar la convivencia y la gobernabilidad”. ¿No sería más honesto exigir que rectifiquen los que --como han admitido unas líneas antes-- han causado el problema?
Tampoco parece coherente apelar a “la importancia del absoluto respeto a la legalidad” y a la vez plantear un “diálogo transaccional” entre quienes se han saltado la ley --y han puesto en riesgo la convivencia-- y quienes no se la han saltado. Es ridículo proponer un “diálogo transaccional” con delincuentes.
Claro que el propio Círculo se contradice a sí mismo y justifica lo ocurrido el 6 y 7 de septiembre: “Cuando esas preferencias [manifestadas por un elevado porcentaje de votantes en Cataluña] no encuentran salida por la vía del diálogo político y el acuerdo transaccional acostumbran a desbordar la legalidad”.
Otra muestra clara de que el Círculo de Economía vive en Matrix es cuando señala que “la primera tarea del Gobierno de la Generalitat debe dar una señal clara de estabilidad jurídica y respeto a la legalidad al adoptar decisiones políticas”. ¿Pero todavía no se han enterado de que siguen controlando el Govern los mismos que llevaron a cabo un referéndum ilegal y una DUI? ¿De verdad no son conscientes de los hiperventilados que están al frente del Ejecutivo autonómico en todos sus niveles y en su entorno, con personajes como el propio Quim Torra --un xenófobo supremacista-- o Agustí Colomines, cuyo único objetivo es implementar la república --según sus propias palabras--?
Ante esta situación, el Círculo propone avanzar en la descentralización y el autogobierno de la mano de aquellos que han demostrado una total deslealtad institucional. Su solución es “un pacto” que nos lleve a “un nuevo Estatuto cuya naturaleza debe ser la de una verdadera Constitución catalana dentro del marco de la Constitución española”. ¿Un nuevo plan Ibarretxe?
El documento vuelve a comprar el discurso nacionalista cuando asegura que “Cataluña es la única comunidad autónoma que no tiene aprobado por referéndum de sus ciudadanos su norma institucional básica, el vigente Estatuto de Autonomía”, lo que es radicalmente falso. Y se suma al victimismo nacionalista al apuntar a la sentencia del TC sobre el Estatuto como el origen de todos los males.
Y continúa al alertar sobre “la demanda de una amplia mayoría de ciudadanos”, que sitúa en “alrededor de los dos tercios” --pese a que elección tras elección ese dato queda desmentido--, “que quieren votar en una consulta para expresar su voluntad sobre la forma de integración de Cataluña en el Estado”. Para la entidad, “sin responder a esta demanda de consulta el problema político catalán permanecerá empantanado”. Es decir, referéndum secesionista o referéndum secesionista, como plantea el independentismo.
Y en esa línea, aboga como un aspecto imprescindible por el “reconocimiento de Cataluña como comunidad nacional, con fuertes elementos culturales y políticos propios”. Un reconocimiento que “no significa reclamación de privilegios” sino de “elementos diferenciales” como las “comunidades forales o las insulares”. De nuevo, el lenguaje nacionalista para reclamar precisamente lo que niega: privilegios.
Es curioso, también, que el Círculo considere que “durante décadas” haya habido en Cataluña “opciones nacionalistas moderadas”, pues son estos presuntos “moderados” los que nos han conducido a la situación actual con un control férreo de la educación, los medios de comunicación y la sociedad civil, como recogía el Programa 2000 de CDC, descubierto en 1990.
Y no es menos sorprendente que la solución que proponga la entidad sea la de convertir el Estatuto en “norma suprema del autogobierno en Cataluña”, una “verdadera constitución nacional equivalente a la de los Estados nacionales dentro de un modelo con rasgos federales como es el español”; una “visión” que, según el Círculo --agárrense--, “viene avalada por la propia Constitución”. En fin.
Además, esa “Constitución nacional” catalana serviría para blindar competencias como “la lengua, la enseñanza, la cultura, el derecho civil propio, la ordenación territorial o la organización interna de la administración autonómica y otros organismos públicos”. Es decir, para consolidar la discriminación de los catalanes castellanohablantes en su relación con la administración autonómica, especialmente en ámbitos como la educación, con la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán.
Eso sí, la entidad se muestra inusitadamente optimista ante esta cuestión, a pesar de que la realidad la desmienta: “Aunque la exclusividad de competencias como la lengua y la enseñanza puedan dar lugar a temores a que se lesionen derechos individuales pensamos que en un sistema político con un elevado pluralismo como el catalán ese riesgo no debe producirse”.
Unas reformas en las que, además, según el Círculo, solo deben opinar los catalanes, excluyendo al resto de los españoles: “Este cambio del rango legal del Estatuto exigirá llevar a cabo una consulta sometiéndolo a referéndum en Cataluña. En todos los sistemas de distribución territorial del poder político la norma institucional básica la aprueba la entidad, la comunidad, la región, el Estado federado o regional. No es necesaria una segunda consulta a todos los españoles. Esto es así debido a que el Estatuto no es una ley orgánica del Estado”. Sencillamente, alucinante.
Eso sí, admite que, la nueva “Constitución catalana” debe respetar la Constitución española “so pena de nulidad de la norma subordinada” mediante “un eventual control previo del Tribunal Constitucional”. ¿O sea que, al final, se trata de recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad? ¿En qué quedamos?
El Círculo también propone una reforma del modelo de financiación autonómica que permita a las CCAA recaudar más impuestos, lo que supone un acercamiento hacia los modelos forales (el concierto vasco y el convenio navarro) que, en la práctica, acaba beneficiando a las CCAA más ricas y perjudicando al resto.
Según el Círculo, su propuesta “exige alcanzar un pacto interno entre todas las fuerzas políticas sobre el contenido del Estatuto”. Claro. Es muy fácil imaginarse a ERC, el PDeCAT y la CUP viajando a Berlín a proponerle a Puigdemont un nuevo Estatuto consensuado previamente con Cs, el PSC, los comunes y el PP.
Consciente de la dificultad de una reforma de este tipo --por la imposibilidad de hacerla a través leyes ordinarias o la lentitud de “un cambio en la interpretación de la Constitución”--, el Círculo propone un atajo: “Mediante una disposición adicional a la Constitución de reconocimiento de los derechos históricos”. Asunto resuelto.
El planteamiento del Círculo de Economía abre la puerta a tres consideraciones finales. En primer lugar, sus apelaciones al “principio democrático” apuntan en dirección opuesta a sus propuestas. Y es que, según el último Barómetro del CIS --de marzo pasado, aunque es una tendencia sostenida en el tiempo--, la mayoría de los españoles (38,1%) apuesta por mantener el Estado autonómico actual; un 28,6% prefiere que las CCAA tengan menos competencias o sean suprimidas, y solo un 21,3% quiere que tengan más competencias o puedan incluso independizarse. Y parece razonable que el conjunto de los españoles tenga algo que decir sobre el futuro modelo territorial del país, ¿no?
En segundo lugar, me parece inaudito que alguien de izquierdas pueda apoyar una propuesta como la que plantea el Círculo, que más que federal debería calificarse de feudal.
Y en tercer lugar, las propuestas del Círculo hacen más comprensibles las palabras que hace unos días le dedicó el ex primer ministro francés Manuel Valls a algunos representantes de la burguesía catalana en una cena privada: “Os habéis pasado el aperitivo despotricando de los independentistas, y ahora que trato de explicaros lo que quiero hacer os quejáis del Gobierno y de España. Os quejáis de todo pero no habéis hecho nada. Sois la burguesía catalana, la élite del país, y no habéis hecho nada. Una burguesía que no lidera, que no guía, no es una burguesía: sólo es un club de petulantes y de ricos. [...] Todo esto es culpa vuestra. No habéis hecho nada y al final hemos llegado hasta aquí”.
En todo caso, si estas son las propuestas de la burguesía catalana, la decadencia de Cataluña parece asegurada.