El nuevo gobierno de la Generalitat que se forme tras las elecciones del pasado 21 de diciembre debería incluir y pactar --cualquiera que fuera su composición y con la mayoría de partidos que formen la oposición-- una medida primera, un plan que pase por encima de los demás, una especie de acuerdo social y político, cuyo objeto sea evitar que Cataluña entre en recesión en 2018.

Más allá del debate político sobre vías de secesión, soberanismo y sus grados de aplicación, fractura social u otros asuntos que han quedado peligrosamente sobre la mesa, el riesgo mayor, el más cierto, es que la comunidad catalana puede empezar 2018 acumulando una serie de datos macroeconómicos que pongan en peligro el bienestar de su ciudadanía.

Los datos de desempleo deben ser el primero de los indicadores a observar por gobernantes y opositores. No es el único sobre el que deberá fijarse la atención: la evolución de los agregados del producto interior bruto (PIB) deberían examinarse con detenimiento para comprobar cómo evolucionan en los primeros meses y actuar de manera preventiva. Cataluña puede verse golpeada por las dos dimensiones que la economía encierra, la mesurable y objetiva, y la subjetiva que conforma el clima, el estado de opinión de los agentes económicos.

La salida de sedes sociales, la parálisis de inversiones (aunque en campaña el secesionismo las ignoraba o minimizaba), el bloqueo de decisiones que afectan a los negocios del territorio y la posibilidad de que la recaudación fiscal decaiga como consecuencia de todo ello pueden cobrarse una parte de la riqueza acumulada durante décadas, siglos incluso, por la hacendosa población del país. Ese efecto se podrá medir en breve y tener traslación a las magnitudes macroeconómicas en el próximo verano.

En Cataluña nos hemos quedado sin ningún banco radicado aquí. La consecuencia de eso, que el nacionalismo no ha querido ver, puede verse en cómo se diluyen en la comunidad los servicios de valor añadido que la ubicación provoca. Por si todo eso fuera poco, cada día Gonzalo Baratech explica desde Crónica Global el éxodo que muchas empresas mantienen hacia otros territorios. En la mayoría de los casos será sólo nominal, lo que cambia es el domicilio social, en otros casos las decisiones van más allá y con las sedes viajan servicios de todo tipo que esos sí generan actividad económica a su alrededor y que Barcelona en primer lugar, Cataluña, después, perderán. Relato también efectos que pueden contarse.

Cataluña se juega su futuro en dos divisiones, que actúan relacionadas entre sí. La política, de la que hemos hablado hasta la saciedad en las últimas semanas, y la económica

Tan importante como saber quién será el futuro presidente de la Generalitat sería conocer qué paquete de medidas propone el encargado de gobernar. ¿Existe alguna posibilidad para que las empresas emigradas retornen? ¿El ahorro que salió por la vía de cuentas espejo a otras zonas de España puede recuperarse con algún incentivo de carácter autonómico? ¿Qué hará el sector público para estimular la actividad productiva que se ha quedado? ¿Serán más transparentes las contrataciones y las relaciones económicas con la administración catalana? ¿Pueden los ayuntamientos contribuir a esa reactivación? Es la parte subjetiva, la que afecta al estado de opinión y afecta a los riesgos sobre certidumbres, seguridad jurídica y demás factores que también ponderan en los comportamientos gregarios de consumidores, inversores y ahorradores.

Quedarnos sin respuesta a esos interrogantes puede llevarnos de forma inexorable a una recesión peligrosa. No sólo llegará en términos de paro (que puede escalar el 12,54% de la población activa registrado en el tercer trimestre de 2017), también puede afectar de manera inexorable a la principal industria del país, el turismo. Sea quien sea que tenga finalmente la responsabilidad de gobernar deberá hacerlo con propuestas concretas y no sólo con declaraciones grandilocuentes que son más una fe de intenciones que una propuesta real, efectiva y aplicable.

Cataluña se juega su futuro en dos divisiones, que actúan relacionadas entre sí. La política, de la que hemos hablado hasta la saciedad en las últimas semanas, y la económica. Si al deterioro obvio de la primera le sumamos el posible desmoronamiento de la segunda nos enfrentaremos a una recesión de la que ningún gobernante se hará responsable, pero que la ciudadanía empezará a comprobar en su bolsillo en el año que llega. La importancia de actuar de manera previa debería ser una exigencia que evite la recesión de un territorio que se encontraba, de nuevo, en un momento óptimo para dejar atrás la crisis y emprender un camino de crecimiento y prosperidad.