Sirva el diálogo sobre el cambio climático mantenido en el Parlament entre la diputada Elsa Artadi y el consejero de Territorio, Damià Calvet, para ejemplificar hasta qué punto los neoconvergentes juegan a ser progres desde el burladero, esto es, sin comprometerse demasiado. Eso incluye a Toni Comín, ayer de izquierdas, hoy incorporado a la derecha independentista de Carles Puigdemont, que dice tener un corazoncito antisistema. Eso sí, sufragado con los impuestos de todos.

Vayamos por partes. La Cámara catalana fue escenario ayer de la mutación de la exconsejera de Presidencia, eterna candidata a sustituir al de Waterloo y conocida por los abrigos de 1.000 euros que viste para manifestarse con los CDR, en Greta Thunberg, la activista adolescente que le sube los colores a los mandatarios mundiales en materia ecológica. Las normas parlamentarias permiten que compañeros de bancada, es decir, dirigentes del mismo partido, se pregunten entre ellos. Es lo que popularmente se denomina “disco solicitado”, ese tema que un diputado dirige a un consejero de su mismo color político para que éste se luzca.

En este caso el interpelado fue Calvet, que tenía ganas de explicar su viaje a Nueva York para participar en la cumbre sobre emergencia climática. El titular de Territorio y Sostenibilidad se hizo algunos selfies junto a Marta Subirà, secretaria de Medio Ambiente, que fueron convenientemente distribuidos en las redes sociales para inmortalizar su visita a la ONU, aunque quienes asistieron al evento aseguran que su intervención transcurrió sin pena ni gloria. Artadi le puso voluntad y casi convence de su preocupación por el cambio climático, pero Calvet pasó de puntillas sobre el esperado desarrollo de la Ley de cambio climático catalana, aprobada en 2017, según la cual, en 2030, el 50% de la demanda de energía eléctrica deberá cubrirse con fuentes renovables para intentar llegar en 2050 al 100%. No parece que vayamos a llegar a tiempo.

El Tribunal Constitucional anuló la suspensión de esta norma catalana, por lo que no hay excusa para impulsar la renovación energética de los edificios, crear una Agencia Catalana de Energía o garantizar el almacenaje de la energía eléctrica, entre otras medidas pendientes. Este fue el mandato del Debate de Política General, pero ya se sabe que para el mundo independentista es más importante expulsar a la Guardia Civil y prometer desobediencia tras la sentencia sobre el 1-O. Eso sí, vía Parlament, para comprometer de nuevo a su presidente, el republicano Roger Torrent.

Son tantas las encerronas acumuladas de Junts per Catalunya a sus socios de Govern, y tantas las ocasiones que ha tenido ERC de soltar lastre, que comienza a ser inevitable poner en duda el cambio de estrategia republicana. El buen historial de gestión al que aspiraba el vicepresidente económico Pere Aragonès peligra, pues las protestas sociales crecen por momentos.

El aumento de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), así como el caos en la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), afecta a un departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia mal concebido desde el principio, pues alguien decidió en su momento en mezclar políticas laborales --que ya de por sí son susceptibles de ser gestionadas por una sola consejería-- con las ayudas sociales. Si a esto le añadimos la ausencia de una decidida política de fomento del tejido industrial --que depende de Junts--, es evidente la ausencia de una estrategia de fomento del empleo en el Govern.

La coordinadora impulsora de la RGC ha anunciado que se manifestará el próximo día 19, junto a otras entidades y partidos --entre ellos, asociaciones de padres de alumnos--, en la sede de la Consejería de Economía para expresar su rechazo a la “ley Aragonès”, pues así es como se conoce a la ley de Contratos de Servicio a las personas que en breve aprobará el Parlament. Según denuncian, la nueva norma permitirá por primera vez privatizar hasta 200 servicios hasta ahora públicos.

Comín observa estas revueltas sociales que acontecen en una Cataluña, donde todavía no se han revertido los recortes de Artur Mas, desde Bélgica, donde permanece fugado junto a Puigdemont. La última ocurrencia del exconsejero de Salud es proponer que un “millón de catalanes” dejen de ir a trabajar y asuman el riesgo que ello representa en beneficio del proyecto independentista. No hay palabras para definir la desfachatez de Comín, siendo pronunciadas a las puertas de una posible recesión, y que van en la línea de quienes proponen “cierres de cajas" y “paros de país”. Animo a Comín a decirle a la cara a los afectados por el ERE de General Cable en Manlleu y Montcada que dejen de trabajar por el bien del procés.