Como sucede de cuando en cuando, el futuro de las pensiones públicas ha vuelto a ponerse de actualidad. En esta ocasión, ha sido el FMI el encargado de sacudir el árbol. Y, aunque nunca es el momento adecuado para abordar el asunto --ahora por las minorías parlamentarias--, empieza a ser urgente una nueva actualización del sistema como la que se aplicó con el Pacto de Toledo.

Habría que hacer un ejercicio de realismo. Los ciudadanos deberíamos ser los primeros en contemplarlo con objetividad y sin trampas, sin echar las culpas a los políticos ni esperar tanto del papá Estado.

Para empezar, el CIS debería enviar un equipo de encuestadores a las manifestaciones de jubilados. Bajo el anonimato más absoluto, claro, habría que preguntar a los mayores que protestan por su historial de cotización, por su relación con la economía sumergida y por su retribución.

No se trata de dar o quitar la razón a nadie, sino de conocer exactamente dónde está el problema. Probablemente, la encuesta papus que cada uno de nosotros puede hacer en su entorno social arrojaría un resultado poco coherente con esas manifestaciones. Porque, por supuesto que hay personas con pagas de 400 euros con las que no tienen ni para el alquiler, pero habría que averiguar a qué responde ese drama. Puede que no sea solo un problema del sistema, sino también de personas que han descuidado la previsión de su vejez.

Algunos datos pueden ayudar a contextualizar el reto. La tasa de paro estructural de España --la población activa que no consigue empleo ni en las épocas de bonanza-- está en el 16%. En consecuencia, lo lógico sería que el porcentaje de personas sin historial de cotización suficiente para recibir una prestación contributiva fuera parecido a ese. La cotización mínima a la Seguridad Social de un autónomo genera una pensión de 800 euros mensuales en estos momentos, de donde se deduce que algunas de las retribuciones más bajas responden a este perfil de cotizante o de su viuda.

Las estadísticas dicen que la primera paga de un jubilado español equivale al 73% de su último sueldo en activo. En Alemania, la tasa de sustitución es del 42% y del 58% en Francia. Italia se acerca a España, con un 71%, mientras que Holanda se sitúa en el extremo opuesto con el 29,5%. Las cifras se comentan por sí solas.

Si una persona empieza a trabajar a los 25, se jubila a los 65 y muere a los 85 resulta que con 40 años de cotización ha contribuido como para cobrar pensión durante 20 y la viudedad de su mujer si le sobrevive. ¿Es lógico? Ni siquiera un historial tan bueno como éste da para tanto: es deficitario. Está claro que se debe retrasar la edad de retiro y ampliar la base de cálculo a toda la vida laboral.

El catedrático Guillem López Casasnovas explicaba ayer en la radio que los 65 años de un europeo en 1900, cuando se estableció ahí la edad de jubilación, equivalen en la actualidad a 90. O sea, que vivimos en una ilusión total. Nos hemos creído que el seguro de pensiones se estableció para cobrarlas durante 20 ó 30 años, cuando en realidad estaba pensado para que muy poca gente llegara a disfrutarlo.

Los políticos harían bien si dejaran de utilizar el sistema como arma arrojadiza y se dieran cuenta de que, olvidadas las mayorías absolutas, no les queda más remedio que pensar en objetivos modestos y a más de cuatro años. Deberían preparar el terreno para, cuando sea posible, ponerse de acuerdo en medidas concretas y sin hacer demagogias ayudando así a los ciudadanos a hacer frente a la cruda realidad.

Uno de los pasos que podrán dar, mientras tanto, es poner orden en el sistema privado de pensiones. Quienes lo han usado ya saben que también es ilusorio, que no ahorra impuestos, solo los difiere. Pero desde el BOE, el Gobierno --el que sea-- debería ordenar el mercado de la previsión a largo plazo para evitar unas comisiones bancarias que desincentivan el ahorro.

Es tan malo nuestro sistema de previsión privada que un hombre con las ideas tan claras en lo tocante a la pasta como Mariano Rajoy --el único presidente del Gobierno que tras pasar por la Moncloa ha regresado a su profesión--, no tiene ni un duro en planes de pensiones. Sabe que los impuestos que no pague estando en activo tendrá que liquidarlos de jubilado y que, en el ínterin, el banco sería el único que sacaría rendimiento a su ahorro.