El 3% siempre vuelve. En realidad nunca se fue. Latente está, para desespero de los neoconvergentes, que cíclicamente se ven obligados a hacer frente a los fantasmas de su pasado. La obra pública, en el ojo del huracán mediático y judicial, siempre estuvo en manos de CDC, PDeCAT, Junts per Catalunya o La Crida. Son lo mismo, aunque la catarsis de las siglas pueda inducir a error. La matriz orgánica sigue ahí, pues sin Convergència no habría ni cuota electoral en los medios ni subvenciones públicas. La matriz ideológica también se mantiene, aunque el de Waterloo tenga pulsiones anarquistas de vez en cuando. Los neoconvergentes llevan en el ADN ser derecha catalana.

Y eso se nota en la gestión de las consejerías del Govern que dominan. El Govern ha colocado a Damià Calvet, que había trabajado en el sector inmobiliario, al frente de del departamento de Territorio y Sostenibilidad tras dirigir el Incasòl durante cinco años. Con estos precedentes y la sistemática venta de parque público --son los negocios-- se hace difícil vislumbrar una salida al problema de la vivienda. Calvet está el punto de mira por haber recortado las partidas destinadas a la vivienda en Barcelona. Y también por la reciente operación de la Guardia Civil por que afecta a Infraestructures.cat, empresa pública dependiente de la Consejería de Territorio.

Obsérvese cómo se ha recurrido también al tuneo en el nombre de esos departamentos. Son las Obras Públicas de toda la vida. Como lo son, lo dijo Pasqual Maragall primero y los jueces después, las mordidas que cobraba CDC por adjudicar obra pública. Esas corruptelas eran un secreto a voces, pero alguien tan inteligente y culto como Agustí Colomines, exdirector de la Fundación CatDem vinculada a Convergència --otro cambio de marca, pues siempre se llamó Fundación Trias Fargas--, asegura que le metieron un gol. Reconvertido en gurú del independentismo duro de Carles Puigdemont, el historiador está muy rabioso con PDeCAT porque, dice, le engañaron con eso del 3%. Santa inocencia…

Ayer, el caso 3% planeó en el Parlament con motivo de la sesión de control. Fue la jefa de la oposición, Inés Arrimadas, la que sacó el tema. Conviene hacerlo y a menudo. Porque de aquellos recortes y corruptelas pujolistas, estos lodos independentistas. CDC se dedicó en los años noventa no solo a financiarse con esas comisiones pagadas por las constructoras, sino a externalizar servicios a lo loco, tejiendo así una red clientelar que permitió colocar a los suyos e intercambiar favores. De esa red pretende tirar ahora Artur Mas para rehabilitarse --léase, pasar el cepillo para pagar sus deudas con la Justicia-- y volver a la política. Estaremos atentos.