Una imagen del director adjunto de Crónica Global, Alejandro Tercero, con una imagen de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid.
Maricarmen
"En torno a este dramático desahucio, se da el eterno debate de los últimos años: cómo compatibilizar el derecho a la propiedad privada (artículo 33 de la Constitución) con el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (artículo 47)"
Hay que ser un desalmado para que a uno no se le hiele la sangre con el caso de Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada del piso de Madrid en el que ha vivido durante siete décadas.
Y, de la misma manera, hay que ser un caradura para culpar de este drama a los propietarios de la vivienda.
En torno a esta situación, se da el eterno debate de los últimos años: cómo compatibilizar el derecho a la propiedad privada (artículo 33 de la Constitución) con el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (artículo 47).
Las leyes que han desarrollado esos derechos dejan claro que, ni el propietario puede hacer lo que le dé la gana con la vivienda, ni el inquilino puede quedarse en ella de por vida si así le place.
De hecho, hay numerosas restricciones que se aplican a los propietarios, ya sea en forma de los años mínimos de los contratos que pueden establecer, de las prórrogas obligatorias, del destino que le dé al piso, de los gastos que pueden repercutir a los inquilinos, de las garantías que les pueden exigir, del derecho de tanteo y, últimamente, de la limitación de las subidas de precios o, en algunas CCAA, incluso del precio máximo a cobrar.
Esto supone una regulación intensiva del mercado inmobiliario, por considerarse un sector sensible y tensionado.
Pero, de igual forma, hay limitaciones que afectan a los inquilinos. Las más relevantes son que, si no pagan, deben abandonar la vivienda. Y, si finaliza el contrato, también.
Por eso, es una infamia atribuir la culpa de los desahucios a los propietarios que han decidido no renovar un alquiler, que han sufrido los impagos o que han optado por subir los precios dentro de los límites legales.
En un caso tan espeluznante como el de Maricarmen, lo más sencillo es apuntar al propietario, pero eso no es más que demagogia barata para cosechar algunos votos.
Sin embargo, la realidad es que hay otros responsables.
Aunque hoy parezca insensible decirlo, lo cierto es que la propia Maricarmen tuvo la oportunidad de anticipar esta situación hace muchos años, cuando no era una anciana.
Es más, su contrato se extinguió hace décadas, pero prefirió seguir viviendo en un piso situado en una de las zonas más cotizadas de la capital pagando un alquiler de 500 euros (aprovechando la subrogación de una renta antigua que permitían las leyes franquistas), a todas luces fuera de mercado.
Eso no minimiza en absoluto su sobrecogedora situación actual, pero sí permite contrarrestar las salvajes acusaciones que se han vertido contra el propietario de la vivienda.
Por suerte, la normativa española obliga a las administraciones a facilitar una alternativa habitacional a personas que se encuentren en una coyuntura tan terrible como la de Maricarmen, para que nadie se quede en la calle.
Y así lo ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, ofreciéndole una residencia.
Sin embargo, la afectada ha rechazado la oferta del consistorio porque quiere quedarse en “su” casa. El problema es que no es “su” casa.
Vivir en un piso de alquiler durante mucho tiempo no te da derecho a quedarte en él cuando el contrato se extingue. Ni tampoco existe el derecho a vivir en el centro de una de las ciudades más caras de Europa (con su actual pensión, Maricarmen podría alquilar un piso en otro municipio mucho más asequible).
Los propietarios de viviendas no pueden solucionar el problema de las personas que no pueden pagar un alquiler al precio de mercado. Para eso está la administración.
Y, en este caso, la administración ha actuado.
Lo demás es populismo.
