Gonzalo Baratech con una foto de fondo del registro mercantil de Madrid
La ola de insolvencias que esconde la economía española
“La economía boyante de la que tanto presume el Gobierno dista mucho de haber llegado a la mayoría de los bolsillos”
Las quiebras empresariales se han dado un pequeño respiro durante el primer semestre del corriente año. En ese período, el número de concursos de acreedores experimentó en el conjunto de España un descenso del 5% sobre idéntico intervalo del ejercicio anterior. Es el mismo porcentaje de caída registrado en Cataluña, donde estallaron 877 siniestros empresariales.
Ello significa que durante las 181 jornadas de la primera mitad del curso, acaecieron en esta demarcación casi cinco infortunios, incluidos sábados, domingos y fiestas de guardar. Los lectores de Crónica Global reciben cumplida cuenta diaria de los expedientes que entran en los juzgados.
Conviene subrayar que el recorte ocurrido acontece tras un cuatrienio de fortísimos incrementos, de entre el 22% y el 33%. Estos se debieron, sobre todo, a un doble efecto. Durante la pandemia apenas se presentaron fallidos, porque el Gobierno de Pedro Sánchez los prohibió de facto. Con ello se creó una gigantesca bolsa de entidades zombis, es decir, sumidas en un océano de pérdidas y carentes de futuro.
La medida sanchista equivalía a una especie de brindis al sol, porque las empresas arruinadas no iban a salir del pozo por muchos apaños legales que perpetrase el Gobierno. Los muertos corporativos no renacen de las cenizas.
Tras levantarse la tregua, ocurrió el segundo efecto. Infinidad de compañías en coma latente no tuvieron otra salida que acudir con sus estados contables al juzgado y solicitar los beneficios legales de la insolvencia.
Pero hoy quiero subrayar otra enorme masa de percances que, de forma paralela a las bancarrotas societarias, está estallando en todo el país. Me refiero a las suspensiones de pagos particulares. Las instan personas físicas que se dedican a labores empresariales y, sobre todo, ciudadanos que han suscrito créditos al consumo, han gastado íntegramente los importes recibidos y no disponen de medios para reintegrarlos.
Tales individuos se acogen a la llamada “ley de la segunda oportunidad”. En realidad, no es una ley propiamente dicha, sino un simple concurso de acreedores. Permite librarse para siempre de los lastres arrastrados.
Por regla general, cuando acaba el trámite, el juez dicta el perdón del pasivo insatisfecho. Es decir, se borran las deudas de un plumazo, salvo las contraídas con Hacienda. Esta, en un alarde de extraordinaria magnanimidad, acepta condonar un saldo máximo de 10.000 euros.
Como cualquiera puede imaginar, en la tierra de la picaresca los espabilados vienen menudeando de un tiempo a esta parte. Se ha detectado un tropel de desaprensivos y mangantes que aprovechan la regulación para escaquearse de sus obligaciones.
Aunque la inmensa mayoría de los procedimientos responde a una auténtica incapacidad de pago, también afloran casos de aprovechados que emplean el mecanismo con fines oportunistas. Ello ha despertado las quejas de los bancos y algunos colectivos del mundo legal. Reclaman un mayor rigor a la hora de acreditar la buena fe exigida por la norma para acceder al privilegio de la exoneración.
La “ley de la segunda oportunidad” se puso en marcha en 2015. A la sazón se acogieron a sus felices prerrogativas 716 personas.
El año pasado, lo hicieron la friolera de 69.267. Dicho con otras palabras, en un decenio se han multiplicado cerca de cien veces. Y siguen subiendo, pues solo entre enero y marzo la utilizaron 17.700 sujetos.
De los datos transcritos, resulta una conclusión evidente. Mientras los descalabros de las sociedades parecen haber iniciado una cierta estabilización tras el aluvión del postrer cuatrienio, los privados siguen disparados y baten récord tras récord. El foco del problema se ha desplazado desde las firmas mercantiles hacia las finanzas familiares.
No es precisamente una buena noticia, porque revela que una multitud de hogares continúa sin poder hacer frente a sus pasivos. A la vez, pone de manifiesto que la economía boyante de la que tanto presume el Gobierno dista mucho de haber llegado a la mayoría de los bolsillos.
