Manel Manchón y un peaje
Bienvenidos a la realidad: del ‘no vull pagar’ a la sensatez del pago de peajes
"Volver a las tarifas exigirá una pirueta retórica formidable por parte de los partidos que construyeron su épica sobre el fin de los peajes. Y es que resulta que quienes apoyaron aquella campaña, también desde medios de comunicación, claman ahora al cielo cuando comprueban el colapso, por ejemplo, de la AP-7"
Una enmienda a la totalidad de una época entera. El Govern de la Generalitat ha abierto la puerta a recuperar los peajes en las vías de alta capacidad en un plazo de dos o tres años. Es la decisión que demuestra que se desea volver a la sensatez, que se quiere enmendar los grandes errores del pasado.
Hay diversas posibilidades técnicas para recuperar los peajes. Es importante acertar. Pero tengamos en cuenta lo que supone. No se trata solo de una medida técnica para sostener el mantenimiento de las carreteras o mitigar el caos circulatorio que sufre la AP-7 desde la liberación de las barreras. Es, principalmente, una formidable cura de realismo que impacta de lleno en la línea de flotación de una mitología política catalana reciente.
Esa es la verdad. Conviene hacer memoria, un ejercicio que en la Cataluña actual cotiza a la baja. Hubo un tiempo, a partir de la primavera de 2012, en el que las autopistas de pago no eran una herramienta de gestión de la movilidad ni un debate sobre la sostenibilidad presupuestaria. Eran, lisa y llanamente, un agravio identitario.
Bajo el lema del “no vull pagar”, apadrinado con indisimulado entusiasmo por el independentismo emergente en pleno estallido del procés, levantar la barrera de una autopista sin abonar el ticket se convirtió en un acto de supuesta desobediencia civil. Uno de quienes más entusiasmo mostró fue Quim Torra, que unos años después, sería presidente de la Generalitat, aunque ahora nadie se acuerde.
El relato era simplista y eficaz: la culpa de las colas, del coste del asfalto y de la falta de inversiones era un maltrato secular que venía de Madrid. El ciudadano, convencido de que la gratuidad era un derecho natural largamente confiscado, aplaudió con fervor la tesis de que las vías estaban "más que amortizadas".
El activismo de 2012 vendió una ilusión cortoplacista. Consideró que las carreteras de alta capacidad se mantenían solas gracias al espíritu público.
Bajo esa formidable presión social y política, alimentada durante casi una década, llegó el hito tan deseado: el 1 de septiembre de 2021. Ese día, tras más de medio siglo de concesiones, vencieron los contratos de explotación de la AP-7, la AP-2 y las catalanas C-32 norte y C-33.
Las administraciones, atrapadas en su propio relato, renunciaron voluntariamente a prorrogar los contratos a las empresas concesionarias. Se decretó el fin de las barreras y se vendió como una victoria histórica del territorio frente al "peaje extractivo".
Pero las leyes de la física económica son tozudas y terminan por imponerse a las consignas de pancarta.
Poco después de un lustro de aquella supuesta liberación, la realidad que hoy afronta el Govern es descarnada: carreteras congestionadas, un repunte preocupante de la siniestralidad, la AP-7 saturada de un transporte pesado que cruza Europa a coste cero y, por encima de todo, una caja pública exhausta que no da abasto para pagar el desgaste diario del asfalto.
El modelo de la gratuidad universal, que tanto rédito electoral dio, se ha demostrado insostenible. Lo sabían en los despachos oficiales entonces –Artur Mas se quejaba en privado de que apostar por la gratuidad no era una buena decisión– y lo admiten de forma implícita ahora, buscando desesperadamente el consenso político para implantar un pago por uso que homologue a Cataluña con los estándares europeos.
Porque se debe recordar, también, que el resto del arco político tampoco hizo mucho por defender los peajes, todos arrastrados por la presión del poble.
Volver a las tarifas exigirá una pirueta retórica formidable por parte de los partidos que construyeron su épica sobre el fin de los peajes. Y es que resulta que quienes apoyaron aquella campaña, también desde medios de comunicación, claman ahora al cielo cada día cuando comprueban el colapso, por ejemplo, de la AP-7.
Cataluña regresa así al punto de partida, pero habiendo perdido un tiempo precioso y con unas infraestructuras visiblemente degradadas.
El debate que ahora se abre es necesario. Debería servir para entender que las políticas públicas no se financian con agravios territoriales ni con retórica de resistencia, sino con presupuestos presentados en tiempo y forma.
¿Las soluciones técnicas? El secretario de Movilidad de la Generalitat, Manel Nadal, ha considerado que se puede apostar por un sistema de euroviñeta, según la cual los usuarios pagan una tarifa plana o un sistema de arcos, que controla la matrícula al entrar y salir de la autopista y genera una factura. Con esos fondos se podrían mantener las carreteras.
La clave es que eso se imponga también en toda España. Y el Gobierno central debería reaccionar cuanto antes, siguiendo, además, las indicaciones de la Comisión Europea. Tras largas negociaciones, Bruselas no ha impuesto el peaje, pero sí que quien contamine pague más. Y eso pasa por algún sistema de euroviñeta para el transporte pesado.
Y sería incomprensible, como ha admitido Manel Nadal, que los camioneros circularan libremente por el conjunto del país y tuvieran que pagar al entrar en Cataluña.
Es el momento, por tanto, de decir en voz alta y clara: Bienvenidos a la sensatez.
